“Señores, cuando por circunstancias especiales, por fatalidad, amenaza    un cataclismo al país, deber es de todos los partidos, que este título merecen, unirse y estrecharse para evitar ese cataclismo, para hacer desaparecer el peligro que amenaza al país” (Discurso de Práxedes Mateo Sagasta en las Cortes, el 17 enero 1856).

  Hace poco más de medio año que se han celebrado elecciones generales e inaugurada la XIIIª Legislatura. Los resultados han motivado la salida del Gobierno del conservador Mariano Rajoy. Los partidos de izquierda han logrado un relativo triunfo en esos comicios.

       Un trascendental pacto de gobierno con Podemos ha colocado a Pedro Sánchez en La Moncloa y a Iglesias Turrión de vicepresidente. Parece un Gobierno homogéneo, pero en verdad son dos Gobiernos en uno, que se han puesto de acuerdo (por la cuenta que les trae a ambos políticos) en repartirse las respectivas áreas políticas. El apoyo de Podemos ha sido determinante para que el “nuevo” PSOE, el PSOE de Sánchez, alcance el poder. Ambos partidos han sumado cerca del 55% de los votos. Sánchez e Iglesias han convergido para ocupar La Moncloa, para desalojar a Rajoy. Para ello han pactado un programa de gobierno que ya han empezado a ejecutar a las pocas semanas. Las condiciones de Iglesias han sido tan claras como duras y radicales. En realidad, se ha unido la ambición de Pedro Sánchez -y su absoluta aversión a Rajoy- con la taimada espera del agazapado Iglesias por dominar la orientación política del Estado. Ambos han conseguido lo que separadamente no podían: presidir un Gobierno. Medio año lleva, pues, esta coalición de izquierdas, radical y extrema. Algunos, con razón o sin ella, la comparan al momento histórico que se vivió con aquel Frente Popular que se formó para acudir a las urnas   el 16 de febrero de 1936, antesala de la Guerra civil.

      Por pura y recíproca supervivencia, Sánchez e Iglesias proyectan tomar decisiones revolucionarias que ni los más optimistas esperaban verlas publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Por de pronto, el asunto catalán -que tanta tensión generó bajo el Gobierno de Rajoy con un Tribunal Constitucional sólo ante el peligro y en abierta batalla jurídica con los separatistas- se ha pacificado por el nuevo Gobierno con el reconocimiento a Cataluña de un ‘status’ jurídico-constitucional de nación política, con la promesa de que en septiembre del corriente año, una vez aprobado el proyecto de nueva Constitución -que reconoce expresamente que España es una nación de naciones-, Cataluña acudirá a las urnas para decidir su futuro como Estado. Por cierto, el Partido Nacionalista Vasco también se ha dirigido al tándem Sánchez-Iglesias en solicitud del mismo rasero político. En las Cortes se ha constituido una Comisión Constitucional para el estudio de estas demandas territoriales. En el ánimo de ambos gobernantes está atenderlas.

      En el proyecto de Constitución que se prevé aprobar  en la primavera del 2021, por la especial imposición de Iglesias y la conocida conversión de Sánchez a la radicalidad, el titular de la soberanía nacional ya no será el pueblo español. Éste queda troceado para soslayar los obstáculos a la autodeterminación que se desprendían de aquella reaccionaria redacción del artículo 2 de la de 1978. En el futuro texto constitucional todos los territorios españoles podrán decidir unilateralmente su vínculo político con los demás, pudiendo cada cual libremente abandonar el Estado y constituirse en independiente, si así lo decide su población mediante referéndum. Ambos dirigentes están satisfechos con esta feliz solución, lograda por consenso, pues piensan que ésta evita las pasadas tensiones, además de que para ellos significa la quintaesencia de la democracia: que cada pueblo hispánico elija su suerte política aunque sea en contra del Derecho español y el internacional. Camino se hace al andar…

      En el último Consejo de Ministros, frente a un Sánchez superado por el extremismo programático del partido morado, los ministros podemitas han logrado que se tomen importantes acuerdos sobre materias sensibles que Iglesias y sus confluencias asamblearias venían hace tiempo predicando y proponiendo. Se ha acordado así asumir el ideario anticapitalista de la CUP catalana. En consecuencia, se va a desobedecer a la Unión Europea (UE) y a la ‘troika’; se va a plantear ante las instituciones comunitarias la salida de las Antiguas Naciones Hispánicas del euro; la nacionalización de empresas estratégicas; el reconocimiento del derecho de autodeterminación para los pueblos ibéricos que lo soliciten y el aplazamiento y/o supresión del pago de la deuda para un mejor reparto de la riqueza.

      Mientras el Gobierno del tándem Sánchez-Iglesias imprime un frenético ritmo a la ejecución de sus radicales medidas (relaciones laborales, política fiscal, asuntos exteriores…) que suponen una auténtica revolución y un formidable dolor de muelas para los otros Estados de la UE, el Partido Popular y Ciudadanos trabajan internamente por recomponer una nueva estrategia que haga frente al aluvión de medidas políticas, cada cual más extraordinaria y excepcional, que semanalmente emana de los Consejos de Ministros de la coalición social-podemita.

      El Partido Popular busca líder. Rivera tiene decidido  continuar.