Los acontecimientos del pasado jueves con ocasión del recuento de votos por la presidencia del Congreso para convalidar o derogar el Real Decreto-Ley 32/2021, de Reforma laboral, determinan que la respuesta sea afirmativa: las instituciones públicas y el mismo sistema político que disfrutamos, están amenazados de ruina. Por varias causas.  

      Así es. El mal gobierno en la gestión de los asuntos públicos, la postergación del interés general y los pésimos hábitos de nuestros gobernantes y cargos públicos -de toda ideología y adscripción- hace tiempo que están erosionando nuestro sistema político, la democracia parlamentaria, y hacen temer por su desaparición. 

     Lo grave del problema es que si se destruye la vigente forma de gobierno, la democracia liberal o parlamentaria, instaurada merced al histórico Pacto de 1978, se cercenan las libertades y los derechos políticos. 

    ¡Cuidado!, pues el perjuicio para los ciudadanos es considerable. Una vez perdida la libertad, su recuperación es larga, y cuesta sangre, sudor y lágrimas. Sólo quiénes padecen una dictadura valoran la ausencia de libertad.

     Se dice, por otra parte, que esta hora, en la que las democracias no viven su mejor momento, no es privativa de España, sino que ocurre igualmente en otras latitudes geográficas como, por ejemplo, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos o en América latina. 

       En todos estos países, por sólidos que algunos parezcan, hoy sus democracias se tambalean y  arriesgan deslizarse peligrosamente hacia regímenes autoritarios o cesaristas. Ahí está la sombra de Donald Trump; de un Macron, acosado por una sociedad multicultural en crisis; el Brasil del excéntrico Bolsonaro; o una Italia cuyo octogenario presidente, Sergio Mattarella, ha tenido que pasar por su reelección para evitar un bloqueo político en su país.

     Empero vayamos a lo más cercano, España. En nada beneficia al crédito y confianza en nuestras instituciones el escándalo del pasado jueves en el Congreso. La noticia ya ha dado la vuelta al mundo, desprestigiando nuestra democracia y cuestionando la valía, ejemplaridad y decencia de nuestros representantes. Crédito y confianza son consustanciales a la democracia. 

      Y es que la democracia es el sistema político que exige al gobernante honestidad, regirse por el interés general, y no por el personal o partidista. A los ciudadanos, la democracia exige formación, madurez y seriedad: saber a quién se vota y lo que se vota. O sea, responsabilidad. Y a todos, la democracia pide respeto a la Ley.

     Sin embargo, la política española no camina por ahí. Muchos políticos nuestros mienten, son sectarios e incumplen las reglas democráticas… Otros, demasiados, carecen de ética, incurren en corrupción o siguen consignas populistas, verdadero cáncer de la democracia.

         Si a lo anterior se suman los perturbadores nacionalismos periféricos que padecemos, antes que después entonaremos un ‘réquiem’ por nuestra democracia.