Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, con los alcaldes del cambio./ El País

Muchas y graves cosas están sucediendo en el ámbito político y de las Administraciones públicas en determinadas Comunidades españolas. De la mano de  determinadas fuerzas políticas de naturaleza nacionalista y populista, se está cumpliendo y ejecutando un determinado modelo de convivencia y gobernanza que margina a la mayoría de la población.

Un modelo que subvierte el sistema recibido y sólo pretende satisfacer la ideología de sus instigadores. El caso de Cataluña, con políticas puestas en práctica desde los años 80 -bajo el liderazgo de Jordi Pujol- para la creación de un Estado, es paradigmático.

Desde la formación de los llamados ‘Gobiernos del cambio’ (del cambio a peor), salidos de los comicios autonómicos y locales de 2015, que provocaron un auténtico vuelco, los líderes que accedieron a las Instituciones están aplicando en la Comunidad valenciana, en las Illes Balears, Navarra y, ahora, en Castilla-La Mancha, unas políticas claramente sectarias y particulares, alejadas de la concordia y difícilmente encuadrables en el mandato constitucional según el cual “La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales” (artículo 103.1, CE). Estamos ante gobernantes que gestionan de espaldas a la Constitución, texto que, mediante ese precepto, dirige un claro e inexorable mandato al gestor público para que, en la acción de gobierno, observe una exquisita neutralidad ideológica, una eficacia indiferente, como la calificó acertadamente un ilustre administrativista, el profesor Garrido Falla. Pues bien, los nuevos gobernantes parecen olvidar deliberadamente todo ello o, lo que es peor, lo ignoran.

Es así como esos dirigentes, que gobiernan en tales  territorios, pretenden con fondos públicos, con dinero de todos, implantar las políticas heterodoxas que les dicta su personal y peculiar ideología, sin consideración ni respeto al pluralismo que domina en la sociedad del siglo XXI.

Son políticos radicales, de extrema izquierda, de rancia y fracasada ideología comunista, combinada a veces, en mayor o menor medida, con un nacionalismo reaccionario y excluyente. Son políticos a los que les produce alergia la obra de la Transición, que denuestan y aborrecen tal vez porque fue lograda mediante el esfuerzo de la reconciliación nacional, la concordia y el consenso de la gran mayoría de los españoles, indiferentemente de su adscripción e ideología. Palabras, todas esas, que rechazan.

Son políticos que sólo gobiernan para su parroquia, su clientela. Políticos que en sus decisiones sólo contemplan los réditos electorales; que pretenden  perpetuarse en el poder a toda costa, aunque peligre el valor supremo de la convivencia general.

En este sentido son devotos de aquella caótica y nada ejemplar República de 1931. No reparan en que ellos mismos coadyuvaron a destruirla, y que lo que siguió fue la consecuencia de una intolerancia absoluta que dominó irresistiblemente.

De espaldas a la Historia y a los historiadores, pretenden aleccionarnos, y hasta contagiarnos, de aquel trágico republicanismo. Enarbolan compulsivamente -y sin respeto- la tricolor, bandera por la que tantos dieron su vida. Hoy lanzan anacrónicos discursos que ensalzan a las izquierdas de los años 30, sus figuras y símbolos. En nuestros días persisten en las bondades de aquel desdichado régimen político, que ellos presentan como apacible.

Ahora adulteran los servicios públicos, impregnándolos de su doctrina e ideología. Es así como manipulan el idioma y fuerzan a la inversión lingüística para arrinconar a la lengua cervantina. En su modelo de sociedad, el bilingüismo no tiene encaje.

Todas estas exclusiones y discriminaciones las están introduciendo también en otra importante materia, la educación. Desde el primer día estos líderes están dando la batalla por un sistema educativo que tiende a reconocer y potenciar, en exclusiva, a la enseñanza pública, para adoctrinarla desde los órganos del poder. En el esquema mental de estos gobernantes, la libertad educativa no existe. Las medidas que están adoptando -hoy ‘sub iudice’- son lesivas para la enseñanza concertada y privada.

Con su sectarismo desde el primer minuto de gobierno, esta clase dirigente ha llegado a prohibir u obstaculizar la interpretación pública de ciertos símbolos, como el Himno regional valenciano, que adscriben a determinada tendencia política, y hasta han manipulado burdamente la original y emotiva letra de su autor, Maximiliano Thous, porque se ofrecen “nuevas glorias a España”. Son políticos que ni siquiera cumplen sus propios códigos éticos, como los últimos casos de Rita Maestre y sus conmilitones Sánchez Matos y Celia Mayer.

Entre el mito de la Segunda República, el sueño del pancatalanismo y el espanto de las políticas sectarias y excluyentes de esta nueva casta gobernante, las sociedades afectadas intentan sobrevivir y avanzar.

A los ciudadanos, que observan con toda razón lo erradas que son estas directrices, pues dividen a la sociedad y arruinan la concordia, les corresponde reaccionar vigorosamente contra ellas y desenmascararlas con las armas de la democracia: la defensa del orden constitucional, la crítica y la palabra.