El País

En España no es que no hay presos políticos: es que no puede haberlos. En efecto, mientras esté vigente esta Constitución -en vigor desde hace 39 años y que establece un Estado democrático y de Derecho-, en España no puede haber presos políticos. Quienes, aun así, lo afirman pertenecen a una de estas dos clases de  individuos: o son ignorantes, o hacen gala de mala fe.

Un preso político es aquel que está encarcelado porque su ideología entra en colisión con la única permitida en un régimen político  dictatorial. Por ejemplo hubo presos políticos en la Alemania nazi. Hubo presos políticos en la Rusia soviética. Hubo presos políticos bajo la dictadura franquista. Y hoy hay presos políticos en la Cuba castrista y en la Venezuela chavista, por citar solo los casos más conocidos.

En todas las dictaduras, de derecha o de izquierda, el régimen condena a la oposición al silencio o al ostracismo: “O te callas o te vas”. La cárcel espera si se critica al sistema político dictatorial. Y ese es el verdadero y único preso político, el encarcelado por pensar y actuar de manera contraria a la ideología del dictador, porque Hitler, Stalin, Franco, Fidel Castro y Maduro han sido y son dictadores. ¿O no?

Por el contrario, el sistema político español responde al tipo de democracia parlamentaria. Nuestra Constitución proclama como valor superior del Ordenamiento jurídico el pluralismo político, y, consecuentemente, reconoce, ampara y hasta sacraliza a los partidos políticos.

Por tanto un país cuya Constitución reconoce que el pueblo es titular de la soberanía nacional y fuente de los poderes públicos; que consagra el pluralismo político y reconoce a los partidos políticos como “instrumento fundamental para la participación política” es un país democrático, con separación de poderes, y con derechos y libertades reconocidos y garantizados por Jueces “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

En consecuencia, utilizar en España la expresión “presos políticos”, para referirse a simples delincuentes, no solo es mentir: es también ofender a aquellos que, bajo las dictaduras, han sido o son encarcelados sin ninguna garantía.

Llamar ‘presos políticos’ a esos políticos que han dado un golpe de Estado contra la Constitución y la democracia y, por ello, han incurrido en  responsabilidad penal, es una de las mayores injusticias que se pueden cometer contra los que, bajo regímenes dictatoriales, han sufrido o sufren tortura y encarcelamiento por sus ideas.

Por favor, Puigdemont y Junqueras no son Gandhi o Mandela. ¡Ya está bien de mentiras! “No me hablen de libertades quienes solo las han disfrutado”, como muy bien dice Justiniano Martínez Medina (ex secretario general del PCE en Madrid, en “Gracias, Paco”, El País, 7.11.17).