Las tensiones ideológicas y las disfunciones jurídico-constitucionales -que desde hace cierto tiempo están presentes en el panorama político español- justifican sobradamente la pregunta que encabeza esta tribuna de opinión. En consecuencia, ¿ha entrado en descomposición el orden constitucional de la Transición? Si es así, ¿hacia qué modelo o sistema político podemos apuntar? Hay otras, pero una tercera pregunta parece también procedente: ¿cuáles han sido o son las causas del deterioro de la vigente Constitución de 1978?

      Los historiadores y los cultivadores del Derecho Público, en especial los constitucionalistas, señalan al factor tiempo como uno de los más caracterizados que causan el envejecimiento de los textos constitucionales. El paso del tiempo es, sin duda, un agente que erosiona las Leyes Fundamentales de toda sociedad. Ésta es un organismo vivo que evoluciona, cambia y se transforma. Si la Ley de Leyes no se adapta a su tiempo corre el riesgo de distanciarse de los ideales y aspiraciones de la sociedad en cuyo seno nace, con el riesgo para esa Superley de convertirse ésta en material caduco e inservible. Un considerable problema político que todo gobernante debe enfrentar.

     Con objeto de que las Constituciones perduren, siendo útiles a las generaciones venideras de ciudadanos, está la institución de la reforma constitucional, a la que se debe llegar mediante un consenso mayoritario que aleje del escenario político el indeseable fenómeno de convertir el programa de un concreto partido político en la Constitución del país, error que no superó la clase política de los dos últimos tercios del siglo XIX (con la excepción de la Constitución canovista de la Restauración) y, singularmente, los políticos de izquierda de 1931, que alumbraron un texto constitucional clara y trágicamente sectario y partidista, lo que lo hizo malograrse.

     Lejos de ese papel de programa de partido, el éxito de la Constitución de la Transición, la vigente, radica principalmente en que en su elaboración, discusión y aprobación participaron cuantas formaciones políticas y sociales tuvieron algo positivo que aportar. Sólo se excluyeron quienes no amaban la libertad, quienes no respetaban la democracia, y, de ese modo, se situaban extramuros de una Constitución liberal, fundadora de un  Estado democrático de Derecho, defensora de los derechos humanos, garantista y potenciadora de la figura central del Juez. Sí, la Constitución de 1978, de todos y para todos, como he afirmado muchas veces, es una buena Constitución que perdura hace décadas y ha permitido un desconocido y prolongado tiempo de paz, prosperidad y libertad. Menester es remitir al amable lector al conocimiento de la Historia contemporánea de España para corroborar lo afirmado.

    En estas estábamos cuando un orgulloso y autocrático líder político, Pedro Sánchez, escala puestos en el Partido socialista y se fija el objetivo de alcanzar, al precio que sea, la presidencia del Gobierno. Para lograrlo traza el plan de sumar los votos necesarios, vengan de donde vengan, para ganar una moción de censura (2018). También queda seducido por la oferta del activista radical de extrema izquierda Pablo Manuel Iglesias, de discurso atrabiliario, que acepta. Es así como en enero de 2020 nace un engendro de Gobierno; es decir, una criatura política mal concebida entre un socialismo extraviado -ayuno de plan de gobernación para España, un socialismo al que sólo le importa ocupar y durar en La Moncloa- y el activismo populista de Podemos, al que no le importan los medios para lograr fines. 

      A este co-Gobierno socialcomunista, de notable debilidad parlamentaria, no le importa sacrificar principios y normas del Derecho, adoptar posiciones poco respetuosas con la ética pública y manosear las Instituciones públicas con tal de perpetuarse en el sillón presidencial e implantar medidas y ocurrencias demagógicas bajo el pretexto de su utilidad social, sin importarles el costo ni el daño a la economía y al bienestar de los españoles. 

      Es así como Sánchez ha emprendido, desde el primer día, su particular campaña jugando con la verdad y en pro de colonizar la Judicatura, a la que teme y le estorba por suponerle límites a su ambición de poder y obligarle a una gobernación mesurada y racional. La acción de gobierno sanchista se sitúa, pues, fuera de la lógica y de la disciplina constitucional. Así, ha hecho aprobar Leyes ideológicas que encrespan la sociedad, y demasiados Decretos-Leyes que tensionan el edificio constitucional y trastocan el reparto de competencias interadministrativas. En cuanto a Podemos, fiel a su ideario demagógico y populista, es tan baja su influencia en el haber gubernamental -salvo alguna medida de dudosa utilidad- que queda constreñido a ser la muleta que necesita Sánchez para presidir un amplísimo Consejo de Ministros.

         Las embestidas a la CE de 1978, la erosión que sufre por la acción de esta anómala coalición y la colonización sanchista de las instituciones del Estado, legitiman la pregunta de si el actual sistema político ha entrado en descomposición.