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Elogio a los Jueces en este tiempo político

 

LAS PROVINCIAS, 23.1.2024

José Torné-Dombidau y Jiménez

Profesor Titular de Derecho Administrativo y

Presidente del Foro para la Concordia Civil

La figura del Juez -como freno y defensa contra los abusos del Poder- es trascendente, insustituible y necesaria   para poder afirmar que una sociedad y un sistema político son democráticos. Y lo son porque se respeta la Ley, se acatan las sentencias, y porque los derechos y libertades de los ciudadanos encuentran amparo y garantía.

Es abundante la bibliografía y testimonios de grandes pensadores y estadistas que han valorado el destacado  papel de la Justicia y sus sacerdotes, los Jueces. Una sociedad en la que brilla la Justicia, se persigue el delito y se teme el castigo es una sociedad que permite ejercer con dignidad la ciudadanía. Por ello es importante contar con un Poder judicial (así lo denomina nuestra Constitución) de Jueces independientes e imparciales, establecidos previamente por la Ley, como proclama la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (art. 47).

Hoy en España, el servicio público de la Justicia presenta un funcionamiento francamente mejorable. Son muchos los defectos del proceso judicial español: carencia de un modelo determinado, obsolescencia de la legislación reguladora, lentitud, burocratismo, constantes modificaciones (generalmente desacertadas, que siembran de inseguridad jurídica las causas judiciales), escasa modernización e interconexión informática, y, sobre todo, la falta de medios de toda clase lleva a nuestra Administración de Justicia a la inoperancia y al ayer menos edificante. Hemos perdido -los Jueces los primeros-   la fe y la esperanza en las incontables promesas de los gobernantes, cuando han reiterado que, bajo su mandato, se solucionarían los problemas de una Justicia lenta, cara, ineficaz y mendicante. Pues bien: muy a pesar de sus servidores, el retrato de la Administración de Justicia de la España de nuestros días es, lamentablemente, el que acabo de hacer.

Sin embargo, a esa abultada y seria ristra de problemas que arrastra la Justicia todavía en la España actual, muy a pesar de sus funcionarios, repito, ha de añadirse otra complicación no menos importante y lesiva, cuya presencia en la escena judicial de un país democrático arriesga con envilecer ese sistema político y destruirlo. Se trata de la incursión del político, particularmente de quien preside el Poder Ejecutivo, de su predominio e intervención en los órganos judiciales de gobierno y,  concretamente, en los nombramientos de cargos judiciales, de lo que el sanchismo imperante hace toda una apetencia.

Justicia y Política. He aquí dos conceptos que mantienen una compleja relación, pero que en un Estado democrático deben cohonestarse a la luz del principio democrático de separación de poderes. Es, en efecto, un viejo problema evitar la influencia política sobre los Tribunales de Justicia, pues constituye una amenaza a la independencia con que los Jueces han de resolver los conflictos intersubjetivos de intereses y dictar sentencias imparciales. En este sentido, hay que denunciar que la equivocada idea de ‘democratizar’ la Justicia ha llevado a la legislación española (art. 330.4 LOPJ) a admitir la designación parlamentaria de magistrados y miembros de altas instancias judiciales, figuras que algún día habrán de revisarse. Pero, como antes apunté, el verdadero peligro actual está en el cesarismo que rezuma la acción gubernamental sanchista, que se orienta a colonizar el CGPJ, como ha hecho con el Tribunal Constitucional: ahí están las Leyes Orgánicas 4/2021 y 8/2022, de dudosa constitucionalidad, y la batalla emprendida con el PP por renovar -mejor, hacerse con- aquél.

Medios materiales y personales, y la descarada influencia gubernamental que despliega el sanchismo, son dos grandes peligros para la independencia judicial en esta hora. Por eso es de alabar actualmente la figura del Juez que, contra viento y marea, defiende su única sujeción con la Ley, su independencia, y se mantiene firme frente a las injerencias del Poder Ejecutivo. La Judicatura ha de tomarse como sacerdocio. Así me lo enseñó mi padre y ese fue el espíritu que me animó los dieciocho meses que estuve opositando.

No es nuevo este problema de la Justicia en España. Hace casi noventa años que un joven Abogado y desventurado político madrileño dijo: “Creo en el magistrado español y en su honradez fundamental, pero me percato de sus tribulaciones y conflictos: mal pagados,  zarandeados de punta a punta de la Península, siguiendo en la mayoría de las veces los vaivenes de la política, decepcionados ante el espectáculo de que sus mejores sentencias las revoca el Supremo; en manos de ministros y compadrazgos, de jefecillos…, pero el chantaje no tiene justificación, y la misión del juzgador debe ser sobreponerse a todas las miserias posibles. […] Este es un problema de Estado. No existirá jamás una Patria mientras no exista Justicia. Y el primer paso es apartarla radicalmente de todo contacto político. El segundo es pagarla bien”. Así continuamos. Admiremos al Juez que resiste.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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