Aprovechando la catarata de disposiciones jurídicas adoptadas con motivo de la pandemia que nos azota, el caudillo Iglesias, autoproclamado adalid de los derechos sociales, ha logrado colar otra medida chavista en una ilegal Orden firmada por el ministro señor Ábalos. Medida que lesiona el derecho de propiedad privada y la libertad de contratación, fundamentales en las sociedades libres.

      La Orden ministerial, que considero ilegal, en la que se consagra subrepticiamente el ataque a la propiedad privada de los españoles, se ha publicado en el BOE del pasado sábado, con ocasión de unas ‘inocentes’ ayudas económicas a determinados colectivos “en riesgo de vulnerabilidad”.

       El asalto al derecho de propiedad -que ha conseguido introducir el jerarca neocomunista Iglesias- se encuentra en el artículo 4.3 de la citada Orden ministerial, bajo el título “Solución habitacional”, terminología de la inefable ministra de Zapatero María Antonia Trujillo, ¿recuerdan ustedes?, que propuso aquellas ‘maravillosas’ viviendas de 30 metros cuadrados. Imagínense confinados hoy en ese habitáculo. En el último párrafo del citado número 3 leemos que “la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda de propiedad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada”.  La cuantía de la ayuda oscila de 600 a 950 euros mensuales durante seis meses.

       Debemos denunciar que, aprovechando la situación excepcional en que se encuentra el país, la coalición  socialcomunista de Sánchez e Iglesias está logrando marcar varios goles a la portería del Estado de Derecho.

       Uno de ellos es que numerosos juristas observamos con preocupación el debilitamiento de los derechos y libertades de los ciudadanos al cubrir con el estado de alarma medidas y potestades propias del estado de excepción. El Gobierno ha eludido declarar el estado de excepción, instrumento absolutamente constitucional, por el pudor adolescente de no querer recordar, en esto, a los estados de excepción de Franco, y por evitar pasar a la historia como el primer Gobierno de izquierda que lo declaró.

       Pero la mano e influencia de la izquierda radical también se nota en comportamientos autoritarios y en otras medidas populistas del Gobierno, como aumentar el gasto público en ayudas improductivas; amordazar a la prensa y premiar a ciertas televisiones; hacer recaer sobre los empresarios el coste de la crisis sanitaria; anunciar una renta mínima vital; y en otra medida inconstitucional, que se suma a  la batería de ocurrencias bolivarianas: financiar y fomentar violaciones al derecho de propiedad privada, uno de los valores liberales del Estado de Derecho.

          Y todo ello hecho solapadamente, con la población en arresto domiciliario, el Parlamento silenciado y en momentos en que solo preocupa la salud.  

        Hoy, de la mano de Sánchez e Iglesias, podemos afirmar que el fantasma del cesarismo recorre España.