El Estado de Derecho es un modelo evolucionado en el que las decisiones de los poderes públicos están sometidas estrictamente a las leyes aprobadas por los parlamentos y los derechos y libertades de los ciudadanos son un límite infranqueable para la voluntad del gobernante, quien responde ante los jueces.

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En el marco del Estado de Derecho, las personas jurídico-públicas a quienes se encomienda la gestión y prestación de los servicios públicos, las Administraciones públicas, no pueden válidamente actuar sin el previo apoyo en una norma jurídica que le sirva de fundamento de su actividad. El principio, ampliamente admitido, de la “positive Bandung” así lo exige. En otro caso, la actuación de las autoridades entraría de lleno en el terreno de lo arbitrario, de la ilegalidad y, por tanto, la decisión o el acto habría que reputarlo nulo de pleno derecho.

La CE de 1978 proclama en su artículo 1º: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Ello significa que los poderes públicos, además de estar sometidos a la ley, tienen que imprimir un carácter social a sus medidas y decisiones y, además, que la elección de los representantes y de los fines de la actuación pública ha de conformarse bajo las reglas de la democracia.

Estas elementales nociones, que aprende un estudiante en el primer curso de Derecho, están siendo desconocidas y vulneradas deliberadamente por las autoridades independentistas catalanas y las Administraciones que dirigen, para llegar a organizar la cateta farsa de un pretendido referéndum sobre el futuro político de Cataluña. En lugar del sometimiento al Derecho, esencia del Estado de Derecho, los segregacionistas catalanes le han vuelto la espalda al mismo y, por tanto, actúan al margen de la norma establecida. Han entrado de lleno en la que se llama vía de hecho, vicio que invalida sus actos y que abre la puerta de la legítima impugnación judicial de los mismos. Los constitucionalistas norteamericanos conocen muy bien qué es el Estado de Derecho al hablar del “government of law and not of men” (“gobierno de las leyes, no de los hombres”), y los revolucionarios franceses, con gran fuerza expresiva, afirmaron que “il n’y a point en France d’autorité supérieure a celle de la loi” (“No hay en Francia autoridad superior a la ley”).

Los partidos catalanes separatistas y sus líderes, cuando tozudamente repiten aquello de que “votar es lo más democrático”, olvidan, quizá interesadamente, que a esa frase hay que añadir la importantísima coletilla “de acuerdo con el ordenamiento jurídico”, pues si no es así la decisión que se adopte lo es al margen del Derecho, y al margen del Derecho no hay más que violencia, vicios jurídicos y lesiones a bienes jurídicos tan importantes como la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Por tanto la sumisión del Estado (o de la Comunidad autónoma) y sus autoridades a las normas jurídicas permite, como afirma el profesor ecuatoriano Rodrigo Borja, “la total racionalización de su hacer político con arreglo a un esquema lógico-jurídico que regula imperativa y minuciosamente su actividad, las competencias de sus órganos y los derechos de las personas”.

Sólo con sujeción a esas cláusulas y principios la actuación de los poderes públicos no resulta arbitraria ni se quebranta el ordenamiento jurídico, ni el sistema democrático. Por eso el artículo 9 CE proclama la vinculación de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, garantizando en su párrafo tercero la interdicción de la arbitrariedad de aquéllos.

En consideración de ello, el 9-N ha sido una negra jornada para el Estado de Derecho, para la dignidad del Estado y los españoles, y una actuación no sólo ilícita sino ilegítima, realizada al margen del Derecho y de sus procedimientos.

Llama la atención que los autores e instigadores de la parodia electoral exhibida el 9-N sientan, aun así, orgullo de vulnerar la ley de un Estado garantista y democrático como es el español. Con este proceder adoptan el papel de golpistas contra un Estado democrático y denigran la Historia de Cataluña, la que otrora fue una avanzada región industrial, cultural y moderna. Hoy los actuales líderes separatistas, los Mas, los Junqueras, los David Fernández, junto con otros, embargados por una insoportable ambigüedad, conducen a su pueblo por el poco recomendable itinerario de los ‘sin ley’.

Es hora de que las autoridades centrales del Estado reaccionen, cumplan y hagan cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales y no toleren ninguna impunidad a quienes actúan adrede con olvido de sus deberes públicos representativos y transgreden el Derecho con tanta chulería tabernaria.