Tras cuarenta años de Estado Autonómico, hemos alumbrado un monstruo de diecisiete cabezas. Son diecisiete los Gobiernos territoriales y diecisiete los Parlamentos que, todos ellos, viven de espaldas los unos de los otros.

         Todo estudiante de Derecho Administrativo sabe que una organización en la que no exista coordinación es una organización destinada al fracaso. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro Estado descentralizado desde su fundación: que la coordinación brilla por su ausencia.

             Es así como coexisten diecisiete sistemas educativos distintos, diecisiete modelos de licencias urbanísticas, de caza, de espectáculos públicos y diecisiete sistemas fiscales diferentes. En efecto, en unas Comunidades se pagan unos impuestos y en otras, no; en unas se aumenta la presión fiscal, en otras, se baja. Se constata, pues, un indiscutible y revuelto panorama de desigualdad y descoordinación en la hora presente del Estado Autonómico.

       Y lo mismo sucede -de manera notable- con la Sanidad pública, terreno en el que impera una acusada descoordinación, como pone de manifiesto diariamente, de manera grave y patente, la disparidad de los distintos servicios públicos sanitarios contra la COVID-19.

          En la primera fase de la pandemia, el actual Gobierno “Frankenstein” sometió a la población al más largo y duro confinamiento posible, con seis interminables prórrogas. Ahora, parece que la coalición gubernamental se ha desentendido de las andanzas del virus y ha dejado a los ciudadanos y a las Comunidades a su suerte. Tenemos la impresión de que ha sonado el “¡Sálvese el que pueda!”.

       Comprobamos que cada Gobierno autónomo pone en práctica sus ocurrencias con inseguridad y sin que haya una autoridad central que, previo un plan, imponga disciplina y eficacia en la lucha antivírica. Falta coordinación interadministrativa. Con el maremágnum que impera, triunfa el virus, pierde el ciudadano y la economía se hunde.

     Hace unos días nos enteramos, contra lo que se decía, que no existió -ni existe- ningún Comité científico. Eso significa que el mando de la lucha contra la pandemia lo ostenta en España, asómbrense, un filósofo: el señor Illa.

      No tengo nada en contra de los estudiosos de la verdad, pero creo que la profesión de filósofo no sea, quizá, la más adecuada para planificar la gestión hospitalaria, prescribir tratamientos neumónicos ni para valorar situaciones clínicas.

          El caso es que en España, por número de habitantes, tenemos los peores datos y resultados del mundo en contagio y muertes a causa de la COVID-19.

            Me atrevo a afirmar que la explicación estriba en que el Estado Autonómico -tal como hoy funciona- ha desembocado en un fenomenal guirigay jurídico, organizativo y competencial, que pide a voces coordinación, racionalización y simplificación.

           Por tanto, coordinación o caos es la disyuntiva en la estamos.