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Derribo constitucional

Ejemplar de la Constitución en el Congreso de los Diputados.

           A ojos de un estudioso del Derecho público sin vinculación ni compromiso con ningún partido político, el  aroma que desprenden los discursos proferidos en las sesiones parlamentarias de investidura -por aquellos que han apoyado o facilitado el Gobierno socialcomunista de Sánchez- no vaticina nada bueno para la Constitución de 1978 (CE) ni para el espíritu de la Transición, tantas veces elogiado con justicia.

         No escribo desde el inmovilismo, sino con la concienzuda creencia de que la CE, aun con sus imperfecciones e insuficiencias, es una norma difícilmente superable en reconocimiento de derechos y libertades y por el sabio equilibrio que observa en lo socioeconómico entre el intervencionismo estatal (128 CE) y la economía de mercado (38 CE). A este fin yo recomendaría al amable lector la consulta de una temprana obra colectiva dirigida por dos maestros del Derecho Público europeo de la segunda mitad del siglo XX, los profesores Predieri y García de Enterría, titulada “La Constitución española de 1978. Estudio sistemático” (Civitas, 1980, 877 págs.). Es una buena guía para conocer nuestra Ley política y, en consecuencia, cultivar el respeto por ella.

           Desde el punto de vista político hemos regresado a una de esas épocas de nuestra convivencia en que, infortunadamente, se derriba y destruye no lo perjudicial y retardatario del progreso social, sino lo que ha propiciado un indiscutible avance y un formidable grado de bienestar económico y social. Tras 40 años de vigencia de la Constitución de la Concordia preguntémonos si España ha avanzado y si la forma de Estado de la Monarquía parlamentaria ha coadyuvado o no al progreso, la moderación y a rebajar la tensión congénita del ruedo político español, siempre alzaprimado.

       Los acontecimientos han venido rodados (crisis económica, populismo, multipartidismo, nacionalismo excluyente) y hoy nos encontramos ante un inédito Gobierno de coalición socialcomunista, presidido por un político carente de formación jurídica, que se pavonea de ‘resistente’, y capaz de todo por presidir el Consejo de Ministros.

         Al fin Sánchez ha conseguido armar un combinado de formaciones políticas caracterizadas todas ellas por su explícito desapego a la Transición, a la regla del imperio de la Ley (‘Rule of law’) y a la Constitución garantista y descentralizadora de 1978. Son un cóctel de partidos antiespañoles, antimonárquicos e inclinados a hacer tabla rasa de las Instituciones establecidas. Son partidos antisistema, anticapitalistas, populistas, de discurso demagógico e insustancial (pero capaces de hacer mucho daño), admiradores de doctrinas económico-sociales periclitadas (marxismo, intervencionismo, colectivismo). Partidos que trabajan por la fragmentación identitaria del Estado. Grupos políticos que no le causan vértigo a Pedro Sánchez por que alguno tenga asiento en el Consejo de Ministros. Ni que otros le chantajeen oportunistamente con su insufrible memorándum de “quejas” y “asuntos pendientes”. Irredentas -y creemos que imposibles- reivindicaciones basadas en falaces argumentos como la cuestionable ‘plurinacionalidad’ del Estado, la cantinela de ‘España, nación de naciones’ o el inaplicable ‘derecho a decidir’ (autodeterminación).

          En esta línea resulta escandaloso el pacto suscrito contra viento y marea por  Sánchez con ERC. Según este documento el Gobierno del Estado se relacionará de igual a igual con el ‘Consell de la Generalitat’ y los acuerdos resultantes se someterán a consulta ¡exclusiva! de los catalanes. Con esas cláusulas se abate la arquitectura constitucional e institucional prevista en la CE. De cumplirse esas previsiones, el Gobierno de la Nación consiente en trocear la soberanía nacional. Causa  alarma al jurista, y a buena parte de la ciudadanía, la quiebra del sujeto político titular de la soberanía que es el pueblo español (1, 2 CE). Insisto: no hay más titular de la soberanía nacional que el pueblo español. Sólo él.

          La Historia del constitucionalismo patrio constata que no ha habido, en ningún régimen político, otro titular de la soberanía nacional -de la que emanan los poderes del Estado- que el pueblo español. De Norte a Sur y de Este a Oeste. Incluso la primera Constitución española de 1812 amplió la consideración de titulares de la soberanía nacional a “todos los españoles de ambos hemisferios” (Art. 1).

        Los discursos vertidos en las pasadas sesiones de investidura hacen temer lamentablemente varias cosas. Que se han roto los consensos y, por tanto, la gobernación del Estado se aleja del constitucionalismo de 1978. Que existe claro riesgo de cuarteamiento de la soberanía nacional si vence el nacionalismo y se reconoce soberanía (separación) o cosoberanía (confederación) a ciertos territorios españoles. En este último caso se alumbrarían nefastas fórmulas confederales históricamente fracasadas (‘balcanización’).

         Y finalmente otro dato: ha crecido la polarización en la vida política española, fenómeno de la España de los años 30, una España negra que creíamos definitivamente enterrada. Patología política que conduce al extremismo que nadie sensato desea. Ante la etapa política que se inicia debemos confiar en la fortaleza de la Constitución y en la defensa de nuestras libertades. Ambas cosas están amenazadas.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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