Un Gobierno no sólo ha de atender a la política a fin de satisfacer el interés general, sino que también ha de prestar atención a la economía, esa compleja ciencia que trata del modo como se forman, distribuyen y consumen las limitadas riquezas de un país.

     Naturalmente, la elección sobre qué bienes o servicios se han de producir; cómo distribuirlos; quién ha de resolver estos problemas, si la planificación del Estado o las fuerzas del mercado, es un acto profundamente ideológico, como afirma el político y profesor ecuatoriano Rodrigo Borja. De ahí la importancia del sesgo ideológico que tenga cada Gobierno. 

     El nuestro a veces parece dos Gobiernos. Es una coalición entre un socialismo radical y presidencialista y una alegre muchachada sedicente comunista, orgullosa de serlo en la tercera década del siglo XXI. ¡Qué suerte tenemos por sus ocurrencias colectivizantes, intervencionistas, ahuyentadoras de la inversión y conducentes, en suma, al aumento del desempleo y a la destrucción de la economía social de mercado!…

      Si bien esta coalición gubernamental ya ha tomado importantes decisiones políticas equivocadas que dañan el entramado institucional del Estado (como silenciar al Parlamento; sujetar a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pretenderlo con el Poder Judicial e, incluso, retorcer el Derecho para adaptarlo a sus objetivos), en economía el Gobierno socialcomunista no se caracteriza por sus aciertos y mesura. 

       En efecto. Los últimos datos, así como la opinión de economistas de prestigio como Pedro Schwartz y José Luis Feito, arrojan el siguiente resultado: nuestra economía no crece al ritmo deseado; se han elevado los precios de los productos (algo comprobable nada más acudir a una tienda); la deuda pública crece alarmantemente; el precio de la energía está desbocado, y no “razonablemente controlado”, como dice la Ministra Ribera; el gasto en pensiones y retribuciones públicas es insoportable para las cuentas del Estado. Para colmo, los miles de trabajadores en ERTE no están siendo reabsorbidos por sus antiguas empresas, y pueden engrosar las listas de parados crónicos. 

      Todo ello motiva que aparezca lo indeseable: el llamado ‘impuesto de los pobres’, la inflación, que en estos momentos alcanza el 4% anual, temiéndose que se convierta en algo estructural, como nuestra alta tasa de desempleo, singularidad española, que nadie explica la causa.

      Frente a todo lo anterior, nuestro Gobierno socialcomunista, transido de populismo y fiel a su ideología, ha tomado unas medidas ciertamente no muy ortodoxas. Ha aumentado los costes empresariales elevando el salario mínimo de espaldas al factor productividad. Ha adoptado decisiones que menoscaban la seguridad jurídica, lo que puede espantar la inversión, y todo lo confía a los fondos europeos, lo que puede convertir nuestra economía en un modelo subvencionado. 

          Por ahí, no vamos bien.