Cansa oír a caudillos de pacotilla decir disparates sobre la vivienda. Políticos desaprensivos, que presentan el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo cuando es un principio rector de la política social y económica, salvo que se reformara la legislación para convertirla en un derecho exigible. Lo que constituiría una excepción en el Derecho comparado.

         Así lo considera el señor Iglesias, bien por mala fe o por ignorancia. Malinterpreta la Constitución y va sermoneando que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda, cuando legalmente no es así.

          Ni siquiera la Declaración Universal de Derechos dice lo que Iglesias afirma que dice nuestra Constitución: que se tiene derecho a una vivienda. No, Pablo. La Declaración Universal dice otra cosa: que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure [entre otros bienes] la vivienda”. Se tiene derecho a un nivel de vida, no a una vivienda.

          En consecuencia, son los poderes públicos quienes han de promover las condiciones económicas y sociales para que un ciudadano pueda acceder a la propiedad de una vivienda. El buen gobernante no engaña diciendo que se tiene derecho a la vivienda. Antes bien, el buen político trabaja para que los españoles alcancen el nivel de vida que les posibilite disfrutar de una vivienda de su propiedad, “digna y adecuada”. Es, pues, la economía. No el paternalismo.

         Pero Iglesias es paleocomunista. En consecuencia profesa la vieja doctrina fracasada de la adjudicación de viviendas por el Estado, como en la antigua Unión Soviética. Viviendas minúsculas, pobres, no como la mansión de Galapagar. ¡Qué incoherencia, Pablo, qué sarcasmo, tú hablando de viviendas…!

        Por tanto, cuando la Constitución afirma que “los españoles tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, no se trata de un regalo del Estado, sino de un mandato dirigido a los gobernantes para que promuevan las condiciones económicas y sociales a fin de que los españoles puedan adquirir en propiedad una vivienda. ¿Comprendes la diferencia, Pablo?

         La vivienda no es, pues, algo judicialmente exigible. Antes bien, es el político quien debe trabajar por elevar el nivel de vida, la capacidad económica y la renta de sus conciudadanos para que éstos puedan adquirir una vivienda. La vivienda debe conseguirse mediante trabajo, mediante empleo, y la responsabilidad de que así sea es de los gobernantes.

        La vivienda no es, reitero, un derecho subjetivo, judicialmente exigible, ni un maná del Estado, como fantasea, demagógicamente, el líder podemita. Es el empleo, el trabajo, la herramienta para adquirir la vivienda.   

          Así que, señor Iglesias, desista de subsidiar a la sociedad con el presupuesto público y luche por crear riqueza, no por destruirla. Trabajo, sí. Subsidio, no.