“Ninguna política puede fundarse en la decisión de exterminar al adversario”. Manuel Azaña, “La velada en Benicarló”.

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, en la tribuna del Congreso. Julián Rojas / EL PAÍS Quality

Los hechos y acontecimientos que en los últimos  meses se están desarrollando en España, y en algunos aspectos también en Europa, permite sostener lo que expresa el título de esta tribuna de opinión. Algunos líderes y ciertas formaciones políticas siguen estrategias, adoptan acuerdos y profieren discursos que bien parecen sacados de las páginas de la historia más negra de la Europa de entreguerras.

Centrándonos en el patio doméstico de nuestra España inmortal, la ristra o el rosario de despropósitos, de disparates políticos y jurídicos, raya en el ‘summum’ de la paranoia. Es cierto: pareciere que nos hemos vuelto locos y, piqueta en mano, estemos procediendo a destruir y a desbaratar todo lo edificado, bien edificado, durante estos últimos 40 años.

En sus fundamentos, en sus raíces, el proceder de estos políticos encuentra conexión con viejas y perversas teorías e ideologías que creíamos vencidas y superadas. El nacionalismo, el populismo, el fascismo y el comunismo dan la sensación de que hoy rebrotan con fuerza y se instalan en la mente de muchos gobernantes, españoles y europeos.

Tenemos que frotarnos los ojos y pellizcarnos para convencernos, consultando los libros de Historia y los tratados de ciencia política, de que el fascismo fue vencido con la Segunda conflagración mundial, vertiendo mucha sangre, y que el comunismo supuso un grande y alevoso engaño que llevó a mucha gente, privada de libertad, a los cementerios y cunetas.

Resulta descorazonador comprobar que líderes en plena juventud se expresan en los foros y parlamentos con soflamas totalitarias, neomarxistas, envueltas en pura demagogia, consustancial, por otra parte, a aquéllas. Deprime y escandaliza, como ciudadano y como jurista, presenciar el desarrollo de debates parlamentarios y asistir a la adopción de acuerdos o leyes abiertamente contrarios al Ordenamiento jurídico, sin que los proponentes se sonrojen y sin que, mucho peor, contraigan ninguna responsabilidad ni sufran consecuencias desfavorables de su electorado. La ilegalidad se ha instalado en la vida pública española, poniendo en entredicho lo que por tantos y tan duramente se ha luchado: el Estado de Derecho.

Signo de los tiempos es también el lenguaje que deliberadamente se utiliza por algunos, aunque sea en el templo de la palabra, el Parlamento. Un lenguaje barriobajero, soez, grosero, impropio de la dignidad del parlamentario, indigno de universitarios, inadecuado procediendo de un doctor por la academia. Sin embargo, todo se banaliza, todo se pervierte… y todo vale para exterminar al contrario y “comunicar bien con la gente”, fuente suprema de legitimidad. Es así como oímos al caudillo de una fuerza populista expresarse en jerga tabernaria y dirigirse en improcedentes términos al presidente del Gobierno. Es de esa manera que agasajan a familiares de agresores de guardias civiles y los reciben encantados en sus despachos oficiales de la carrera de San Jerónimo. En la misma línea se permite un Cañamero diputado hacerle un escrache al ministro de Justicia y colocarle ante la nariz un retrato del abominable Bódalo, santón del peor activismo.

No están las cosas mejor en Cataluña, otrora vanguardista, moderna, emprendedora, pactista y sensata. Todas esas notas se han perdido a golpe de populismos, radicalidades y extremismos. Todo aquel cuadro que dibujaba una Cataluña fabril, industrial, respetuosa con las leyes, cuna de grandes juristas y leal con sus compatriotas, ha desaparecido, se ha evaporado. En su lugar crecen las consignas, la corrupción, la ceguera, la violación de normas y principios, la desobediencia, las quimeras separatistas y la sinrazón política. De nada sirven las voces de angustiados letrados que advierten a sus señorías de que van a aprobar una ilegalidad o de que van a violar la Constitución o el Estatuto de autonomía e incurrir en responsabilidad penal. Se trata de avanzar hacia ninguna parte y de alcanzar una independencia salvaje, por encima de las Leyes. Es así como se piensa convocar una consulta aun no disponiendo de competencia para ello. Es así como se quiere fracturar un Estado democrático y de Derecho, todo lo perfectible que se quiera, pero sujeto al imperio de la Ley; con plenas garantías judiciales para las libertades y con una magna descentralización como nunca en la Historia.

Lo peor es que no se puede confiar en el efecto disuasorio del castigo. El Código penal español de 1995 es, en este sentido y para el panorama que estamos describiendo, un catálogo de píos deseos que fracasa en la principal misión de la imposición de la pena: evitar la comisión de los delitos. Preparar y cometer un golpe de Estado como el que, a cámara lenta, los separatistas catalanes están llevando a cabo, sólo supone unos meses de inhabilitación.

Se puede romper España a buen precio. Sale barato.