La grave pandemia del COVID-19, con sus trágicos y extendidos efectos devastadores para la salud, los hábitos sociales e individuales, los derechos de los ciudadanos y el ámbito económico-social, ha producido también consecuencias políticas en la gobernación del Estado y para el mismo Gobierno.

          Apenas conformada en la primera semana del año la increíble coalición gubernamental de Sánchez e Iglesias  -muy felices se las prometían merced a planes de gasto, fanfarria social y pirotecnia presupuestaria-, el cisne negro del citado coronavirus ha venido a dar al traste con esas ensoñaciones programáticas. Sueños de adolescente.

       Estallada la crisis sanitaria en España (en la que se ha contagiado, entre otros, la esposa del presidente, tal vez por asistir imprudentemente a aquella irresponsable manifestación ultra-feminista del 8-M), Sánchez se ha visto obligado a gobernar, a tener que tomar decisiones trascendentales, urgentes y de calado.

       La crisis sanitaria no afecta sólo al ámbito de la salud pública. Sin duda la economía, golpeada con dureza, tendrá que ser reparada. Recuperada la normalidad, y si el virus no se lleva por delante anticipadamente a este Gobierno -puede suceder-, el Ejecutivo tendrá que emplearse a fondo para reconstruir la maltrecha economía y el vapuleado mundo empresarial y socio-laboral.

           Ha bastado el trance adverso de la pandemia para obtener, por una parte, un fiel retrato del alcance de la valía y eficacia de este Gobierno. Y, por otra, comprobar la miserable y desleal reacción de los nacionalistas vascos y catalanes.

          Por lo menos, dos han sido los efectos políticos principales que las extraordinarias circunstancias de la crisis sanitaria han provocado en el funcionamiento del Gobierno. El primero consiste en las fuertes -y esperadas-  discrepancias existentes en el seno del Gobierno al incluirse una fuerza política ultraizquierdista y disolvente, causante de insomnio: Podemos.

       Se trata, pues, de un Gobierno quebrado, difícilmente operativo en situaciones de emergencia, teatro que requiere cohesión, solidez, unidad de criterio y respuesta rápida. Contrariamente, la parsimonia del Gobierno le acerca a la ineptitud. Siete horas de un Consejo de Ministros para  seguidamente anunciar próximas medidas, es un grave error. Más, si lo que se anticipa es la declaración de uno de los estados de crisis, el de alarma del artículo 116 de la CE.

       El segundo retrato político (en verdad, se retratan ellos solos) es el que ha provocado la declaración del estado de alarma en el campo separatista. Me refiero a la conducta ruin, miserable y profundamente improcedente de  los presidentes nacionalistas de Cataluña y País Vasco que, ante la puesta en práctica de la excepcional herramienta constitucional, han reaccionado, entre díscola y tragicómicamente, calificándola de “recentralización” y “confiscación de competencias” (autonómicas). Es pura ignorancia. O falacia. Grueso disparate cometido que les inhabilita moral y jurídicamente para el inmerecido cargo público que ostentan.

          Es seguro que por su rechazo a todo lo español, Urkullu y Torra desconocerán la Constitución. Ignoran así el reparto de competencias en el Estado Autonómico y las que corresponde al Gobierno del Estado para situaciones de crisis, el procedimiento para ejercerlas y los efectos que de ello se siguen. Se creen por encima de la Ley. Se consideran soberanos. Sin embargo, cuando les conviene, o lo necesitan, parasitan el Estado y alargan la mano para recibir. O mantienen con la Hacienda estatal una relación tributaria y fiscal privilegiada, como es el caso del concierto económico vasco, una antigualla pacificadora de la última guerra carlista (Ley de 21 Julio 1876).

         Con debilidad y bisoñez política, como las que arrastra este Gobierno, y con las metástasis nacionalistas, toda batalla contra cualquier crisis se alarga en el tiempo y alcanza un sobreprecio.