“Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si os alaba a Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, es un francés, y si habla mal de España… es español” (Joaquín María Bartrina, poeta  catalán).

Singulares acontecimientos políticos se van a presentar pronto, con toda su crudeza, entre el Gobierno   del Estado y el de la Comunidad autónoma de Cataluña. Éste, en manos de secesionistas y antisistema, ha puesto proa a un referéndum contrario al Ordenamiento jurídico y en clara rebeldía a las resoluciones y requerimientos del Tribunal Constitucional (TC), que ha declarado contrarias  a la Ley Política (CE) todas y cada una de las declaraciones soberanistas y las consiguientes medidas que se pretenden llevar a cabo en menoscabo de la soberanía nacional, que pertenece al pueblo español. La soberanía nacional es una vieja norma política, que ya figuró tempranamente en el artículo 3º de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún Cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella”. Así también lo recoge la vigente CE en su artículo 1, 2º.

La contumacia del Gobierno presidido por Carles Puigdemont es absoluta. Ello hace temer que el Gobierno del Estado tenga que adoptar, con prudencia y proporcionalidad, excepcionales medidas, todas ellas  legales por estar previstas en nuestro Ordenamiento jurídico. Semejante escenario, insólito en el solar europeo y en el tiempo en que vivimos, va a desencadenar tensiones y horas inciertas para la convivencia nacional. No en vano se anuncia, a fecha fija, un verdadero golpe de Estado, a consumar por las autoridades levantiscas catalanas, calificadas de golpistas por diversas y autorizadas voces, e, incluso, el profesor Jorge de Esteban no ha dudado en tildar esta conducta rebelde del ‘Parlament’ como “terrorismo jurídico”.

Los españoles nos jugamos muchísimo en ese envite del actual ‘Govern’ de ‘JuntsxSí’ y la CUP. Está en juego la existencia misma de España como el Estado democrático de Derecho que conocemos y en claro peligro   nuestros derechos y libertades individuales, imprescindibles en cualquier sociedad política que se tenga por civilizada. Y, por supuesto, el rumbo anticonstitucional que ha emprendido la ‘Generalitat’ catalana conduce -de cumplirse los objetivos contenidos en las declaraciones soberanistas anuladas por el TC-  a la ruptura del orden constitucional y a la violación de la CE.

En ello nos va pues nuestra existencia como Nación, como Estado, y el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades políticas. Con razón la misma Declaración citada dice en su artículo 16 que “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de Poderes, carece de Constitución”. La Declaración fue hija de las ideas de dos grandes filósofos franceses. Rousseau, que sentó el principio de legalidad o respeto a la Ley, expresión de la voluntad general, y Montesquieu, que proclamó la necesidad de instaurar la separación de poderes para una convivencia digna y en libertad frente al abuso del poder.

Todo ello, con ser tan elemental y conocido, con ser principios políticos tan consagrados, quieren los actuales gobernantes de Cataluña desconocerlo, saltar por encima de ellos y destruir el pacto de convivencia por el que nos regimos como pueblo y como Estado.

La CE de 1978 pertenece al mejor constitucionalismo occidental basado en la libertad y en las garantías jurídicas para su preservación. Una Constitución que residencia en la Ley el único límite del ejercicio de los derechos, y que, a su vez, atribuye potestades y competencias también sólo a través de la Ley. Ningún país del mundo civilizado admitiría ni  permitiría lo que las autoridades catalanas vienen pretendiendo alcanzar desde 2012: atribuirse el poder de decidir sobre una parte del territorio nacional; sustraer al cuerpo político, a la voluntad general, lo que únicamente a ella pertenece. El reto es muy grave. La conducta invade el terreno de la sedición, de la rebeldía. Conductas que no pueden incriminarse penalmente mientras no se desate la violencia o se provoquen desórdenes públicos, requisitos impuestos por el Código Penal vigente, transido de buenismo e ingenuidad.

Los españoles, como ciudadanos y, por ende, titulares de la soberanía nacional, no podemos, no debemos, pasar por semejante “trágala”. Debemos reconducir a nuestros compatriotas catalanes a la sensatez y la racionalidad, y para ello lo mejor es aplicar el Derecho predeterminado, la CE y el resto del Ordenamiento jurídico. Después será la hora de hablar y llegar a acuerdos, pero es prioritario parar el golpe, un golpe de Estado.

El Gobierno presidido por el señor Rajoy está decidido a defender el orden constitucional y a salvaguardar la convivencia, sólo alterada por esta improcedente e injustificada deriva secesionista de políticos catalanes rupturistas que actúan contra la Ley.

En esta hora los españoles debemos meditar lo que está en juego. Es mucho. Demasiado. Resulta de todo punto ineludible e inexcusable defender los principios y valores de la Constitución de 1978, que nos ampara y afirma como Estado democrático de Derecho. Discutir, se puede discutir sobre todo, pero respetando la Constitución.

En estos graves momentos tenemos que estar con la Constitución.

(*) José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A. Maldonado, Teresa Tavera Benítez, José L. Navarro Espigares, José J. Jiménez Sánchez, Alejandro Muñoz González, Ramón Montahud Villacieros, Ignacio Andrés Cardenete, Ana I. Guijarro de Haro y José Ramos Salguero son miembros de su Junta Directiva.