En memoria del profesor Manuel Ramírez Jiménez,
catedrático de Derecho Político.

Si estuviera explicando en la Facultad los sistemas políticos de gobierno -sus características, contenido y causas de extinción- y un alumno me preguntara cómo se destruye la democracia le respondería (con pena) que observara el caso español, un caso “sui géneris” dadas sus notas históricas y políticas.

Sin necesidad de remontarnos a tiempos lejanos, partiríamos de la profunda crisis de la monarquía alfonsina (1917-1930), mal enfrentada con la Dictadura primorriverista (aunque favorable en lo económico) y peor resuelta con el advenimiento del régimen republicano de 1931. El enfrentamiento de las machadianas dos Españas tristemente condujo a las trincheras. La victoria de una de ellas supuso la imposición ‘manu militari’ de su credo y valores durante cuarenta años y el secuestro de las garantías y libertades. Igual pudo suceder a la inversa.

Muerto el dictador, se abrió una puerta a la esperanza. Si caminábamos en unión, concordia y reconciliación se podría alcanzar un gran acuerdo de todos para todos. La concordia fue posible esta vez, y se recuperaron las libertades y los derechos fundamentales perdidos a manos de los propios españoles.

Aquel fue el gran pacto de la Transición, un tiempo político en que cada opción renunció parcialmente a sus aspiraciones. Así cuajó la Constitución de 1978 (CE) que consagró la democracia y permitió el ingreso de España en la actual UE. La CE fue elogiada por el constitucionalismo occidental por sus notables garantías jurídico-políticas y su hechura progresista.

Pero después vino el hombre: los responsables que tenían que gestionar los asuntos públicos y cuya legitimidad procedía del texto aprobado.

Distintos Gobiernos han sido desde el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones generales libres. Desde entonces han gobernado la UCD, el PSOE y el PP. La ‘praxis’ política de cada uno de esos partidos ha ido erosionando el modelo de democracia parlamentaria. Siendo verdad que unos más que otros, lo cierto es que todos, por exceso o por defecto, han llevado al tren del Estado a la vía muerta en que nos encontramos. A esa torcida conducción se ha sumado una gigantesca crisis económica.

Si el alumno interpelante siguiera atento a este extenso y tal vez tedioso relato habría que decirle, primero, que la democracia es el gobierno menos malo de los conocidos, como aseguró W. Churchill; y, segundo, que, además, es un sistema frágil y delicado, basado fundamentalmente en la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes, pero, sobre todo, en el estricto e impecable cumplimiento de la Ley. Y de la Ley de Leyes, la Constitución, por encima de todas.

Si repasamos las casi cuatro décadas de vida de nuestra democracia, sin duda encontramos decisiones políticas -y jurisdiccionales- que han hecho crujir la estructura constitucional del Estado. Por ejemplo, la errónea STC sobre la LOAPA (1983); la sentencia salomónica del TC sobre “Rumasa” (1983); las numerosas y contradictorias Leyes sobre Educación; sobre el aborto; sobre Seguridad ciudadana; el disparatado Estatuto de Cataluña (2006) (causante inmediato del “procés” secesionista catalán que padecemos); la aprobación de la aberrante Ley de la Memoria Histórica (2007), etc. También ha contribuido decisivamente al deterioro de nuestra vida democrática la conducta deshonesta de numerosos políticos que ha hecho perder a los ciudadanos su confianza en ellos y su fe en esta democracia.

Continuaría diciéndole a nuestro alumno que, siendo graves los anteriores supuestos, ninguno, sin embargo, tan lesivo para el sistema democrático como el empeño secesionista (que no independentista) que se ha desatado en una de las Comunidades autónomas, Cataluña, y que resulta alentado por su desleal presidente.

De espaldas al Ordenamiento jurídico; violando la Constitución (algo gravísimo en otros países y que aquí parece que no es tanto) y burlando el espíritu y la letra de las Leyes, Mas pretende arrancar la tierra catalana del cuerpo secular de la nación española. Por tanto -le diría al alumno- . Un golpe de Estado contra la democracia.

Cuando los ciudadanos y, significadamente, los poderes públicos no “se sujetan a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico” (9 CE) el Estado democrático de Derecho -el modelo de nuestra Constitución- se destruye. La democracia desaparece cuando se cumple alguno de sus riesgos internos como la infracción de las normas jurídicas y la utilización por los gobernantes de instituciones democráticas (unas elecciones generales lo son) para fines distintos de los contemplados en las Leyes. Es el fraude de “Junts pel sí”.

Mi alumno podría preguntar seguidamente si se dispone de instrumentos correctivos. Sí: el Derecho y la Política.

Pero ello constituye el contenido de otra tribuna.