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La deconstrucción del Estado de las Autonomías territoriales proviene de hace lustros. Sin embargo, en las últimas semanas ha arreciado.

El modelo que en su día fue la admiración de los especialistas de Derecho Público; el modelo que significó para España, algo raro, transitar pacíficamente y en apenas dos años (1976-1978) de una dictadura conservadora a una democracia parlamentaria, ese modelo no ha sido cuidado, respetado ni fortalecido por los diferentes Gobiernos que han sido. Desde la primera Legislatura constitucional -que presidió Adolfo Suárez en 1979-, pasando por los Gobiernos disolventes de Rodríguez Zapatero, hasta llegar al momento actual, se puede constatar el deterioro sin contemplaciones del Estado de la Transición.

Poner en riesgo el modelo de la Transición es grave si se tiene en cuenta que la Constitución lo hace descansar sobre los tres grandes pilares que los ‘padres fundadores’ quisieron como cimiento de la convivencia nacional de los españoles: las libertades y derechos fundamentales; un generoso sistema de autogobierno territorial y un garantista control del ejercicio del poder público. En mi opinión, el edificio constitucional resultante de esa arquitectura jurídico-política es difícilmente mejorable. En principio, se debe desconfiar de cualquier oferta que asegure su mejora.

Pues bien: el proceso de agresiones contra el constitucionalismo consensuado de la Transición comenzó en el momento mismo del parto. En efecto, las formaciones nacionalistas fueron desde el primer día desleales con la Transición y con la CE 1978. Engañaron al presidente Suárez, que tantos esfuerzos vertió para lograr la concordia civil y la definitiva acomodación de las regiones de España, convocándolas al proyecto común de vivir en un Estado ampliamente descentralizado.

El deterioro continuó con los Gobiernos ‘felipistas’, que hicieron transferencias a los nacionalistas de competencias de exclusiva titularidad estatal (150.2 CE); relativizando el imperio de la Ley (“Montesquieu ha muerto”) y enviando a casa a centenares de funcionarios, jueces y profesores de Universidad, a quienes se jubiló anticipadamente (Ley 30/1984, de 2 Agosto).

En este reparto de culpas el Tribunal Constitucional (TC) también tiene su responsabilidad al haber dictado sentencias que, con el tiempo, se han revelado altamente erróneas para el Estado de las Autonomías. Aparte de otras, de posible cita, valga por todas la sentencia que configuró equivocadamente, a mi juicio, el edificio autonómico al declarar inconstitucional buena parte del proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) (STC 76/1983). En efecto, al apartarse del profético Informe (14.5.1981) de la Comisión de Expertos, presidida por el profesor García de Enterría, el TC desatendió las inteligentes conclusiones técnicas a que llegó aquélla, consensuada entre UCD y PSOE e integrada por especialistas independientes.

Los Gobiernos ‘populares’ tampoco se salvan de la erosión constitucional. El presidente Aznar coqueteó con los nacionalistas durante las dos legislaturas, ganándose su apoyo mediante transferencias competenciales de primer orden y haciendo la vista gorda de no impugnar la Ley lingüística catalana (L. 1/1998, de 7 Enero) que prácticamente ha supuesto la marginación del castellano de la enseñanza en aquella Comunidad.

En este triste camino de agresiones al modelo constitucional vigente ocupa el lugar de “honor” la política puesta en vigor por el señor Rodríguez Zapatero, arrastrado por su optimismo y buenismo medulares. Primeramente resucitó un extemporáneo y estólido memorialismo guerracivilista (Ley 52/2007), y, peor todavía, alentó simultáneamente una mutación de la Constitución por el cauce improcedente de la aprobación de un inconstitucional Estatuto catalán (STC 31/2010), embrión de todo el vendaval secesionista que hoy padecemos.

Empero el rosario de despropósitos y ataques al edificio constitucional, y a los símbolos e instituciones fundamentales de nuestro Estado, se ha agravado hoy. La reciente formación de gobiernos locales y autonómicos con partidos ultraizquierdistas, soberanistas, comunistas, republicanos y ‘antisistema’ -de todo hay- están dando sus primeros ‘frutos’.

Un antimonarquismo beligerante o un republicanismo militante, partidarios del “derecho a decidir” (autodeterminación) o del Estado “plurinacional” (¿confederal?), están tomando -piqueta en mano- sus primeras decisiones, revanchistas y reaccionarias, desahuciando ellos, ¡qué contrasentido!, símbolos, himnos, banderas, estatuas, cuadros, rótulos callejeros, y demás alegorías institucionales, porque… “¡no nos representan!”.

No es pesimismo. Es realismo. Me gustaría equivocarme. Pero creo que hemos entrado en un peligroso desgobierno político a manos de nuevos actores alejados del respeto a lo esencial y a la necesaria lealtad institucional.

Cual jinetes del Apocalipsis, regresan al primer plano de la política española los ancestrales temas envenenados del territorio, la forma de Estado (monarquía o república), el uso de las lenguas y… la religión (el caso de la Catedral-mezquita de Córdoba y la ausencia de los representantes políticos en los actos cívico-religiosos pueden confirmarlo).

Mientras el Gobierno tarda en su neutralización, con un débil apoyo de la oposición mayoritaria, el derribo constitucional va en serio.