Quien haya tenido la amabilidad de seguirme estos años -desde que aparezco en estas queridas páginas-  habrá advertido en mis colaboraciones la existencia de una línea intelectual incontrovertible: la crítica al poder siempre acompañada de argumentación y pedagogía. En ellas siempre he advertido de la fragilidad de la democracia y de la permanente amenaza que para los derechos del ciudadano supone el ejercicio del poder público. De ahí que, con raíz en la Revolución francesa, se ideara un sistema político de control del ejercicio del poder que lo limitara y sometiera al cauce jurídico: el Estado de Derecho.

        Hoy está en peligro en España la vigencia del Estado democrático de Derecho a causa de la deriva autoritaria, la impronta autocrática y el talante cesarista de esta malhadada coalición gubernamental socialcomunista, con aliados de la anti-España dentro y fuera del Gobierno, el llamado Gobierno “Frankenstein”, que sí da miedo.

       Y da miedo por los actos, proyectos y disposiciones que ha adoptado y anuncia adoptar, dirigidos a desactivar, por la vía fáctica, la Constitución de 1978 (la de la concordia, la primera votada por el pueblo) y a cambiar fraudulentamente la forma política del Estado y el Estado de las Autonomías. Por fin ha caído el velo que ocultaba las verdaderas intenciones del radical y extremista Pedro Sánchez.

        Fruto del extremismo y radicalidad, tal como se ha posicionado -desde hace apenas diez meses- el líder de un partido llamado PSOE (cuando respondía a esas siglas), es el clima de crispación y discordia que domina la  escena política española. El otro socio de la coalición, Iglesias, líder de Podemos, no engaña ni oculta sus intenciones. Es la única ventaja que se encuentra en este siniestro personaje: que avisa lo que quiere hacer y qué quiere derribar (el ‘demos’ español, la Monarquía, los jueces, la educación concertada, la sanidad privada, la cohesión territorial…). En cambio, Sánchez se ha pasado todo el tiempo no solo ocultando sus intenciones sino afirmando que haría lo contrario de lo que ha hecho. Un mago del trilerismo político. Una persona que ha demostrado, en el breve tiempo que lleva de gobernante, que carece de escrúpulos morales: sólo le interesa ejercer el poder y, a ser posible, indefinidamente.

      Para alcanzar el sueño que ocultaba de convertir España en una democracia iliberal (sin separación de poderes, dominando hegemónicamente al Parlamento y, ahora, asaltando la Judicatura como la Polonia de Kaczynski y la Hungría de Orban), Sánchez se ha apresurado a colocar a sus peones al frente de las Instituciones más importantes del Estado. Así, se ha asegurado la Abogacía del Estado (no habrá informe contrario a sus ambiciones), la Fiscalía General (ésta se opondrá o perseguirá lo que ordene la ex ministra Dolores Delgado), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (descabezó la Guardia Civil y altos mandos de la Policía Nacional), el CNI (coló al antisistema y peligroso Iglesias), nombró a su esposa y amigos para dirigir suculentos organismos y cargos apetecibles y, lejos de pactar con la oposición, pretende cerrar el círculo de su ambición apoderándose del gobierno de los Jueces (CGPJ) rebajando el vigente quórum parlamentario mediante una Ley artera.

      Si Sánchez logra concentrar en sus manos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) como Luis XIV, como Franco, cosa que acaricia, habrá consumado el maquiavélico y perverso plan de destruir el Estado democrático de Derecho; habrá desmantelado el sistema de garantías jurídicas y judiciales que protege los derechos y libertades de los abusos del poder público; perseguirá a la oposición, con lo que hará desaparecer la democracia parlamentaria; y no habrá en España autoridad o ciudadano que ose desobedecer los mandatos imperativos, por caprichosos que sean, del Gobierno. Ese régimen se llama “elective dictatorship” o, también, dictadura democrática, es decir, la de la mayoría que sostiene a Sánchez (la de ‘la moción de censura’). Y no se puede tener muchas esperanzas en la Unión Europea para que nos arregle este empastre político doméstico. Corresponde sólo a los españoles. Si acaso, la UE puede cerrar el grifo del dinero o abrirnos expediente “ad calendas graecas” ex artículo 7 del Tratado, pero nadie nos librará de una oscura y larga noche política. Caído el velo, la partida se juega en la resistencia, en las Instituciones y en la calle.