Confieso que me gustaría ser optimista en el asunto catalán. Vamos camino de cumplir un año que el Gobierno tuvo que acudir a la coacción federal para responder y frenar a un Gobierno regional que apostó por la secesión territorial. Cuando se adoptó la decisión, tarde y de forma incompleta (PSOE no quiso intervenir los MCS de la ‘Generalitat’ y Ciudadanos impuso elecciones inmediatas, graves errores ambos), muchos creímos que la partida la ganaba el Estado.

Sin embargo, el asunto -endiablado por excelencia- se ha complicado más, hasta el punto que debemos reconocer honradamente que hoy la iniciativa y los triunfos están en el haber de los separatistas de allende el Ebro.

Dos son, en mi opinión, las razones de este desequilibrado balance contrario a los intereses del Estado. La primera de ellas la hemos anticipado más arriba. Ha consistido en la aplicación tardía y superficial del artículo 155 CE. Algunos ya habíamos defendido la aplicación del citado precepto cuando el Parlamento catalán, en manos separatistas, declaró que Cataluña era un sujeto político soberano (23 enero 2013). Más tarde ha habido muchas más fechas y ocasiones merecedoras todas de haber decretado la aplicación de la cláusula de defensa del Estado, como la del primer referéndum ilegal (9-N, 2014), o las del 6 y 7 de septiembre o el 1-O (2017).

Se ha tardado demasiado. Se ha perdido tiempo y terreno que han ganado los separatistas. El Gobierno Rajoy, y los otros partidos constitucionalistas, no vieron o no quisieron ver el avance y la gravedad del ‘procés’ secesionista. Se aplicó tarde, pues, el 155.

La reacción constitucionalista ha tenido otra nota negativa: el citado precepto ha sido puesto en vigor de manera tímida, limitada, suave y temerosa, cuando el Estado tenía todas las de ganar frente a las quimeras y falacias separatistas. Empero de manera absurda el PSOE, cuando estaba en la oposición, condicionó el apoyo al Gobierno Rajoy en la aplicación del 155 a que no se intervinieran los medios de comunicación autonómicos. Ello supuso en la práctica dejar a los separatistas unos potentes altavoces de la causa secesionista. ‘TV3’ y ‘RAC1’ continuaron emitiendo propaganda separatista sin ningún recato ni limitación. Se perdió así la batalla de la comunicación. Los falaces argumentos del separatismo continuaron bombardeando las mentes de los catalanes sin freno alguno. Sorprendente, sin duda. Silenciar esos medios de propaganda separatista debió ser la primera medida adoptada para impedir la infame distorsión de la Historia y la verdad.

La segunda razón, que explica la complejidad del momento actual de la enrevesada cuestión separatista  catalana, se desdobla en dos problemas de los que aparece el Gobierno del Estado como el máximo responsable. Un problema -que ha agravado la situación- ha sido el indiscutible fracaso de los servicios de inteligencia españoles que no han alertado a las autoridades estatales del alcance, profundidad, medios y planes del Gobierno Puigdemont. O si el Gobierno ha dispuesto de puntual  información, pareciere que la ha minusvalorado y/o despreciado, en su caso.

El otro problema, temible y tremendo problema, es la internacionalización del ‘procés’, peligro que ahora se acrecienta con la libertad de Puigdemont para moverse por todo el mundo -menos España, claro- para difundir los cuentos secesionistas y alimentar las insidias separatistas contra España. Enemigos no nos faltan. Tibios amigos, tampoco. Interesados en despiezar España, menos. Y una nueva ‘Leyenda negra’ sobre el escaso carácter democrático del Estado español amenaza con triunfar en la opinión pública internacional. No habíamos sepultado definitivamente la ‘Leyenda negra’ de los siglos XVI y XVII cuando Puigdemont y los suyos, con mensajes y argumentos retorcidos pero seductores, se han lanzando por el orbe civilizado a recrearla para difamar al Estado y a la democracia española.

Si el cuadro que he expuesto líneas arriba ocurriera en un país políticamente sensato y culto, exento de sectarismo, cuya clase política defendiera el interés general de los ciudadanos y la Constitución -fuente del poder público- podríamos estar tranquilos y confiados. Pero todo lo anterior, es decir, el ataque más grave a la integridad de la Patria padecido en mucho tiempo, ocurre cuando un Gobierno ha sido expulsado en horas por una variopinta mayoría parlamentaria de populistas (antisistema), nacionalistas vascos (están iniciando su propio ‘procés’), separatistas catalanes (los mismos a quienes se quiere vencer) y amigos de ETA. ¡La zorra guardando las gallinas! Y con un Gobierno Sánchez que apenas posesionado hace guiños buenistas: restituye la facultad de gasto al ‘Govern’; recibe a Torra con el simpático lacito amarillo en la solapa; instaura una relación bilateral con la ‘Generalitat’ y proclama que no hay cortapisa en los temas a tratar con los separatistas.

Con este talante podemos vaticinar que se repetirá la declaración de independencia. Y la jugada. Al tiempo.