No puede negarse que el sistema político vigente -una democracia liberal en la que partidos políticos expresan el pluralismo ideológico de la sociedad- ha entrado en una delicada y preocupante etapa cuya característica más notable es la guerra y la tensión que impera entre algunas instituciones del Estado.

     En efecto, las relaciones de los poderes públicos entre sí y con los ciudadanos están hoy absolutamente dislocadas y son impropias de una democracia. 

     Probablemente, desde los Gobiernos de Rodríguez Zapatero la salud de nuestro sistema político ha empeorado. Así, el tripartito catalán de 2003; el error del disparatado Estatuto de 2006; el rechazo a la sentencia del TC de 2010, que dio alas al separatismo en Cataluña; la declaración unilateral de independencia de 2017, bajo el Gobierno Rajoy; el enjuiciamiento de los responsables,  y el populismo gobernante desde 2019, han supuesto otros tantos golpes a la anatomía jurídico-política de la Transición. 

       Asimismo, el revisionismo memorialista ha provocado la destrucción de la escasa consideración que se tenían la izquierda y la derecha en nuestro desgraciado país. La concordia y la reconciliación han saltado por los aires desde 2007, con la legislación ideológica de Zapatero y la vuelta de tuerca de Carmen Calvo.

        El daño al modelo democrático se ha acelerado con la actual coalición entre un socialismo ‘sanchista’ -proclive a la falacia y al posibilismo- y una amalgama comunisto-podemita, anticapitalista, antisistema y antimonárquica. Para colmo, ambos socios están pactando con los enemigos del Estado: nacionalistas, separatistas y herederos del terrorismo vasco. Lo que se dice un  engendro de Gobierno.

        Los episodios de la semana pasada, como el informe de los Letrados del Congreso favorable a la permanencia del diputado condenado Alberto Rodríguez; el oficio de la presidenta del Congreso dirigiéndose al presidente de la Sala de lo Penal del TS para que aclarara lo que estaba cristalino, más los inadmisibles ataques de miembros del Gobierno tachando de prevaricadores a los Magistrados, constituyen uno de los capítulos más vergonzosos que se pueden escribir en democracia. 

         Y siendo lo correcto la separación de poderes, y el debido respeto entre ellos, hoy no se da ni lo uno ni lo otro. Mientras la presidenta de la Cámara baja, que es profesora de Derecho Constitucional, duda sobre cuáles son sus deberes corporativos, los Ministros de Podemos, con Sánchez callado, insultan gravemente a los Magistrados de nuestro más Alto Tribunal. Frankenstein puro.

        Empero todavía hay más. El menoscabo de nuestro sistema democrático no para ahí y empeora con el bochornoso reparto de sillones de órganos constitucionales. Parece mentira que el PP se haya prestado, al fin, a estos ‘enjuagues’, que tanto dañan a toda democracia.

     Está visto. Los españoles no necesitamos a nadie para destruir nuestra convivencia: nos bastamos nosotros solos.