Algunos dirán que me ciega la ideología, que no adopto una posición política moderada, centrada. Quienes así opinan pueden alegar, en efecto, el abultado número de   comentarios críticos que dirijo al personaje que desempeña el cargo de presidente del Gobierno de todos los españoles.

     Aunque respeto sobremanera a quienes así opinan, sin embargo voy a perseverar en la crítica -constructiva- dirigida a nuestro Gran Timonel. Con fundamento y consideración, pero con firmeza y claridad. 

    Pedro Sánchez lleva al frente del Gobierno más de cuatro años, tiempo suficiente para conocerle. En la campaña electoral aseguró, por activa, pasiva y perifrástica, que no haría ciertas cosas. Pero, después, hizo todo lo contrario de lo que prometió. 

    A estas alturas no quiero cansarles con la repetición de  las promesas incumplidas ni con los tejemanejes que ha urdido con ayuda de sus increíbles socios y aliados. Tampoco voy a reproducir las veces que ha dicho blanco y luego ha sido negro. Ni los vaivenes a los que ha sometido el rumbo de la gobernación interior y exterior de España: de auténtico vértigo político. Parece que mantener la palabra dada no es el punto fuerte de este socialista, antiguo Concejal del Ayuntamiento de Madrid.

      Hoy Sánchez vuelve a inquietar con su obsesión de querer dominar cualquier institución del Estado. En efecto, padece una irrefrenable tendencia a acumular poder, algo que la Ciencia política llama autoritarismo o cesarismo. Son varias las razones que fundamentan lo que digo. 

    Así, la limpieza orgánica que ha hecho en el antiguo Partido Socialista, eliminando toda discrepancia a su liderazgo. Entre él y el partido han desaparecido contrapesos y controles.

      Durante la pandemia impuso el cierre del Parlamento, declarado luego contrario a la Constitución así como las dos declaraciones de los estados de alarma, que provocaron una restricción absoluta de la libertad de los españoles. 

     Ha efectuado nombramientos de fieles para colonizar los más altos organismos y empresas públicas del Estado: Consejo de Estado, Fiscalía General, Abogacía del Estado, Tribunal de Cuentas, CIS, RTVE, Correos, Paradores, Estadística, ‘Intra’, etc.

    Y ahora le toca el turno al Poder Judicial, como Maduro en Venezuela, los hermanos Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragüa o Víktor Orbán en Hungría.

    Apenas quince meses después de haber aprobado el 29 de Marzo de 2021 un abusivo -y puede que inconstitucional- recorte de competencias al Consejo General del Poder Judicial, la última treta sanchista consiste en una contrarreforma legal para devolver al órgano de gobierno de los Jueces la competencia para nombrar dos Magistrados del Tribunal Constitucional. De esta manera, con los dos que le corresponde nombrar, Sánchez alcanzaría su sueño: hacerse con el Constitucional y que nadie le parara los pies. Así quedaría  consumado el salto al Tribunal Constitucional.