Hace meses que vengo denunciando que la anómala coalición que preside Sánchez pretende cambiar el Estado democrático de Derecho -fundado en la Transición- y transmutarlo en un régimen de corte autoritario, cesarista, al estilo de democracias iliberales como Polonia y Hungría o autoritarias, como Turquía. A esa tarea de demolición de nuestra democracia parlamentaria también acude Iglesias con su ideología comunista y su populismo chavista.

       Para este malhadado Gobierno -de extrema izquierda-   no hay Institución ni Poder del Estado que escape a su malsana manipulación. El apuesto y sobrado Pedro Bonaparte sueña con concentrar en sus manos todos los Poderes del Estado. Como Napoleón, Pedro aspira a  coronarse a sí mismo.

        Creyéndose llamado a inaugurar una nueva etapa de la Historia de España, considerándose ungido por un Espíritu superior, Pedro ha empezado a deconstruir la democracia española pieza a pieza. 

        Ya lo ha consumado con el Congreso y Senado, la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, la Guardia Civil y la Policía Nacional, mediante nombramientos de afines.

       Así mismo ha ordenado incoar expediente disciplinario al Letrado Mayor del Consejo de Estado por un artículo de opinión, demostrando quién manda y que ninguna crítica se tolera.

      Ahora prepara agazapado el asalto al único Poder del Estado que aún no pastorea: el Poder Judicial, garantía de nuestros derechos y valladar contra los abusos gubernativos.

        Los MCS y las redes sociales tampoco escapan a los dictados autoritarios y ‘tics’ antidemocráticos del dúo tóxico. En pleno estado de alarma, un general de la Guardia Civil reconoció, en una  increíble e insólita declaración, que reprimiría toda desafección al Gobierno, lo que es impropio de una democracia europea.

       Y el Vicepresidente Iglesias, desde la Sala de Prensa de La Moncloa, ha arremetido imperturbable contra los periodistas y la libertad de prensa, defendiendo lo increíble: ¡“naturalizar el insulto”! Todo para tratar de escapar de su responsabilidad judicial en el caso de la tarjeta telefónica.

       Siendo muy graves todos estos ataques al Estado democrático, faltaba el menosprecio y acoso contra la máxima Institución del Estado, la Monarquía parlamentaria. Es lo que está sucediendo a rebufo de las desafortunadas veleidades del Rey emérito.

       Pero no nos engañemos. A Pedro y Pablo no les importa el Rey que abdicó, sino el actual titular de la Corona, Felipe VI, Rey ejemplar, honesto, serio y estricto cumplidor de la Constitución.

          Los Jueces y la Corona son los últimos bastiones del Estado democrático a demoler. Y en ello están. Error absoluto, pues la Monarquía de un Estado democrático es  una beneficiosa Institución, independiente y neutral, que proporciona al país la máxima garantía de libertad y estabilidad.

         Si desapareciere la Monarquía democrática, sería un grave error que nos haría retroceder cien años.