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Y la Administración se hizo transparente

Tanto las administraciones como los particulares quedan sujetos a miles de leyes, reglamentos, ordenes, circulares, instrucciones, dictamenes y sentencias dimanantes de los poderes del Estado, multiplicados, en el caso español, por 17.

madejaHay quienes consideran que cuantas más normas y reglamentaciones existan, las Administraciones públicas (esas personas jurídico-públicas que nos acompañan desde la cuna a la tumba) están más controladas, funcionan mejor y cumplen más atinadamente sus deberes. Y no es así.

Hace años, cuando yo estaba preparando una clase en la Facultad de Derecho para exponerla a los alumnos, llegó a mis manos un nuevo número de la “Revue du Droit public” a la que estaba suscrito el Departamento de Derecho Administrativo. En su interior encontré un revelador artículo de un acreditado jurista galo.

Sostenía este autor que en el actual Estado contemporáneo, caracterizado por la sobreactuación y protagonismo de las Entidades públicas, la profusión de leyes que en él se da suponía el principio del fin del Estado de Derecho. Tantas leyes, reglamentos y ordenanzas se aprueban diariamente por los poderes públicos que ni las Administraciones ni los particulares pueden dar exacta y puntual observancia de los mismos.

Por tanto, ese fenómeno de la hiper-regulación provoca incumplimientos que constituyen palmarias violaciones del principio de legalidad, pilar del Estado de Derecho. De ahí la predicción del jurista francés.

Lo medité. Concluí que no le faltaba razón al autor de tan interesante tesis. En adelante, mis explicaciones de clase siempre incluyeron una referencia al peligro que para el Estado de Derecho significa la saturación de normas y la subsiguiente multiplicación de órganos.

Hoy, edificado el Estado de las Autonomías territoriales de la manera como se ha hecho, con la disfunción de que adolece de la proliferación normativa y organizativa, y el consiguiente gasto público, significa que tanto las Administraciones como los particulares quedan sujetos, en consecuencia, a miles de leyes, reglamentos, órdenes, circulares, instrucciones, dictámenes y sentencias dimanantes de los poderes del Estado, multiplicados, en el caso español, por 17, pues 17 son las Comunidades Autónomas que se han constituido a imagen y semejanza del propio Estado, copiando su estructura, poderes y organización al detalle.

Siguiendo esta tendencia irrefrenable de creación motorizada de normas y de órganos y más órganos, éstos con sus correspondientes titulares, funcionarios, competencias y presupuesto propio, el Parlamento andaluz ha aprobado una ambiciosa y complicada Ley de Transparencia Pública, de 24 de junio de 2014 (BOJA del 30). Ley que el legislador andaluz califica nada menos que de “pieza fundamental […] de una sociedad democrática avanzada […]”.

La norma es hija de la actual preocupación existente en la sociedad española por el elevado grado alcanzado en materia de corrupción política. En aquélla se reconoce como derecho el acceso a los documentos públicos, para consagrar la transparencia en la actuación de los poderes públicos, en particular de las Administraciones, frente a las que ya está reconocido el derecho a una buena administración o gestión pública (Art. 31 Estatuto de Andalucía, 2007).

Pero toda nueva norma, en particular cuando se quiere redactar de manera completa y ambiciosa, conlleva una prolija regulación, como es el caso de la Ley andaluza de Transparencia. La Ley contiene una regulación tan densa y apretada que la acción de las Administraciones y Entidades públicas de Andalucía queda encorsetada por innumerables requisitos, cautelas y deberes que difícilmente se podrán atender y cumplir. Sin duda se provocarán frecuentes conflictos con los particulares, con aumento de la burocracia y del papel, mucho papel.

Para colmo, esta nueva Ley de Transparencia de Andalucía camina en dirección contraria a la política de evitación de duplicidad de órganos y contención presupuestaria que dictan las autoridades comunitarias europeas y las mismas estatales españolas, pues crea tres nuevos órganos: el ‘Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía’, la ‘Comisión Consultiva’ del mismo nombre y la ‘Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas’. Por otra parte, la norma andaluza duplica y reproduce buena parte del contenido de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que aprobaron las Cortes Generales como legislación básica. La regulación que comento originará, consecuentemente, más gasto y complejidad de la maquinaria burocrática.

Finalmente, un amplio repertorio de disposiciones adicionales, transitorias y finales completa la Ley, que introduce, además, un detallado régimen sancionador para “garantizar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la transparencia pública”.

Que la norma es compleja, y será difícil de cumplir, se prueba en el dato de que no entra en vigor inmediatamente. El legislador confiesa que, por lo menos, se necesitará un año para formar a los funcionarios en las nuevas tareas que impone pródigamente a autoridades y funcionarios.

Ya se sabe: cambiemos algo, para que todo siga igual. O peor.

Publicado en IDEAL de Granada, el 21 de julio de 2014.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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