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Respetemos la ley

Tribuna publicada en el diario EL MUNDO por el profesor José Joaquín Jiménez Sánchez y firmado por los miembros de la Junta directiva del FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL

36881196Nuestra Constitución constituye la regla superior de nuestro ordenamiento jurídico. Es la ley de leyes pactada y aprobada por el pueblo soberano. Así sucedió de manera abrumadora en 1978. En ella se recogen las características propias de un Estado Democrático de Derecho: la soberanía popular, el imperio de la ley y la división de poderes. En nuestra Constitución se dice expresamente que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. En este texto se resuelven dos asuntos fundamentales que derivan de la institucionalización del orden social. Primero, se determina quién sea el soberano, que en nuestro caso es el pueblo, como además no podía ser de otra manera en una democracia. En segundo lugar se establece que los poderes del Estado emanan de ese pueblo. Esto quiere decir que el legislativo, el ejecutivo, pero también el judicial, han de proceder del mismo pueblo.

Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado Democrático de Derecho, en el que la ley es expresión de la voluntad soberana del pueblo, que no puede ejercerse arbitrariamente sino a través de la propia ley. Sólo así se legitima esa voluntad soberana. Toda expresión de la voluntad popular al margen de la ley es irracional.

Un Estado Democrático de Derecho reconoce como soberano al pueblo, pero no como un soberano ilimitado que disponga caprichosamente de la ley, de una ley sometida a su voluntad. En un Estado Democrático de Derecho, el pueblo como soberano está limitado y lo está por la necesidad de respetar la ley, esto es, por el respeto a los derechos y libertades individuales, así como los derechos colectivos propios de las diferentes identidades nacionales creadas en torno a las distintas lenguas y culturas que puedan darse dentro de ese Estado.

Estas son las razones por las que la Constitución debe cumplirse. En la Constitución se encuentran las reglas del juego democrático entre la pluralidad de opciones que puedan darse en una sociedad, por lo que éstas sólo pueden jugar de manera legítima en la medida en que respeten las reglas de juego.

La Constitución recoge también las normas que regulan su propio cambio. Quienes deseen alterar las reglas de juego en un Estado Democrático de Derecho han de hacerlo siguiendo aquellas que regulan los procedimientos establecidos para cambiarlas. Si se modificara la Constitución al margen de esas reglas, eso implicaría no su cambio sino su quiebra, la quiebra del Estado Democrático de Derecho, lo que no tiene legitimación alguna.

Por eso, ante quienes proponen la quiebra de las reglas de juego, se ha de oponer el imperio de la ley, el cumplimiento de la Constitución.

Por eso, ante quienes anteponen los votos a la ley, se les ha de recordar que no hay voto legítimo al margen de la ley, que sólo cabe ejercer el voto y contarlo en el marco de la ley y la Constitución.

Por eso, quienes anteponen las urnas a las decisiones judiciales se sitúan al margen de las exigencias de un Estado Democrático de Derecho, llevándonos a todos hacia las puertas del abismo.

Por eso, quienes anteponen las urnas a la ley y las decisiones judiciales no son demócratas, no respetan la voluntad de la ciudadanía, pues sólo hay democracia y respeto en el marco de la ley. Al margen de ella sólo hay poder, ejercicio desnudo y arbitrario del poder.

Por eso, ante quienes defienden su voluntad frente a la ley de todos, tiene que pensar que si su posición fuera válida, también habría de serlo la de quienes sostuvieran su propia voluntad frente a la de los otros. Cuando cada cual sostiene su interés particular frente al interés, también particular, del otro, deja de haber terreno común en el que dirimir las diferencias, deja de haber Constitución y sólo cabe el enfrentamiento.

Por eso, llamamos a la concordia, a la restauración del terreno común, también a su cambio, si es que así se considera, pero un cambio que ha de realizarse de acuerdo con las propias normas.

Por eso, pedimos la recuperación de aquel espíritu de concordia civil que hizo posible, en palabras de Adolfo Suárez, desde “la tolerancia y la libertad” iniciar el período de convivencia pacífica más extenso y próspero de nuestra historia.

También firman esta tribuna J. Torné-Dombidau, Juan A. Maldonado, Teresa Tavera, José L. Navarro Espigares, Alejandro Muñoz, I. Andrés Cardenete, Ildefonso Montero Tineo, Ramón Montahud, J. Ramos Salguero y Ana I. Guijarro de Haro, miembros del FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL. Granada.

Este artículo ha sido publicado en el diario EL MUNDO el día 17 de septiembre de 2015.

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