•  
  •  

Lecciones de una rebelión

Protestas en Barcelona tras la aplicación del 155/El País

Lo que se ha desatado en Cataluña es una rebelión. Injusta e injustificada, pero es una rebelión. Injusta  porque carece de toda legitimidad: el “Govern” está fuera de los cauces legales. E injustificada dado que ninguna razón la ampara: España es un Estado democrático de Derecho donde rige el principio de separación de poderes, los derechos y las libertades están reconocidos y se garantizan mediante la tutela del Poder judicial. Cuando se serenen las aguas e impere de nuevo la legalidad constitucional habrá que tener presente una serie de reflexiones sobre cómo hemos llegado a este punto de discordia civil.

Cabe hacer unas propuestas para evitar el escenario de un Gobierno autónomo que, creyéndose soberano, se niega a obedecer -seguido por una parte de la población- a quien tiene autoridad (soberanía) sobre él y opone resistencia a las leyes y sentencias, que es, en síntesis, la esencia de la conducta rebelde.

En el caso español, y teniendo a Cataluña como telón de fondo, son varias las enseñanzas o lecciones que podemos aportar para paliar en el futuro, o evitar, la dolorosa y preocupante situación que contemplamos hoy con asombro. Me refiero a la resistencia de las autoridades catalanas a respetar los cauces legales y a acatar las decisiones de los más importantes órganos del Estado, lo que les instala en la pura rebeldía.

Una vez restaurado el orden constitucional, lo primero que cabe aconsejar a quien gobernare en el futuro es que no deje pasar a una autoridad territorial la primera desobediencia. En el caso catalán (hay más supuestos) han sido numerosas las ocasiones en que sus autoridades han decidido incumplir una ley o una sentencia. Ha sucedido en materia de educación, esencial para la convivencia, y en el terreno lingüístico, en donde los responsables autonómicos han ofrecido una resistencia numantina a cumplir normas jurídicas o resoluciones de los jueces que les imponían determinados deberes al parecer no de su agrado.

En segundo lugar, el Estado no debe renunciar, como ha sucedido desde los primeros años de la etapa democrática, a supervisar los contenidos y planes de los ¡diecisiete sistemas educativos autonómicos imperantes! en España. La Alta inspección educativa le pertenece al Estado, que no la ha ejercido, y la manipulación, incumplimientos y falseamientos en materia educativa han sido indiscutibles. Ello ha permitido que varias generaciones de españoles residentes en esas Comunidades aprendan una infame Historia de España, falsa, y una Geografía focalizada sólo en su región, con olvido deliberado de las demás. La educación es una materia importantísima y sensible para dejarla solo en manos de nacionalistas.

En tercer lugar, el Estado no puede desentenderse de los  Medios de comunicación social públicos que las Comunidades autónomas creen en virtud de sus competencias, los financien con fondos públicos y los utilicen (esto es lo importante) como arma de propaganda, sembrando odio. Lo padecemos en el País Vasco (ET), en Cataluña (TV3), y el mal ejemplo se va a contagiar a la Comunidad Valenciana y Baleares. En el caso de Andalucía, la televisión pública habría que reconsiderarla no por alimentar sentimientos hispanófobos sino por el bajo nivel de sus contenidos y por la descarada propaganda de la Administración propietaria. Resulta inadecuado, a estas alturas, subrayar la enorme importancia que tiene el medio audiovisual como instrumento transformador y orientador de las masas.

En cuarto lugar, en aquellas Comunidades cuyos Estatutos de autonomía les autoricen a tener una policía propia, hay que supervisar cuidadosamente si los cuadros de mando de la misma y los propios agentes se han seleccionado por su lealtad a la “causa nacionalista. ¿Conocían los diferentes Ministros del Interior qué se enseña en las Academias policiales autonómicas? ¿Sus programas, técnicas, enseñanzas y orientación? ¿Les ha preocupado el número de efectivos y el tipo y característica de su armamento y equipamiento? ¿Han considerado normal y aceptable que el País Vasco disponga de 8.000 efectivos para dos millones de habitantes y Cataluña 17.500 agentes para siete millones y medio? Esos efectivos son todo un ejército.

En quinta posición hay que tratar de las cuentas y finanzas de las Comunidades autónomas. El Estado, a través de los Ministerios de Hacienda y Economía, no puede permitir que una Comunidad autónoma se endeude pensando que “el Estado nunca quiebra, como decía un inefable vicepresidente de la Diputación granadina. Una atenta disciplina sobre los gastos y la economía regional evitará muchos quebraderos de cabeza y que las cuentas regionales luzcan en rojo. Un nuevo sistema de financiación autonómica asegurará un reparto justo y equitativo. Y, desde luego, no se pueden permitir malversaciones, como la creación de “embajaditas”.

No dispongo de más espacio, pero la lentitud o inactividad en la respuesta del Gobierno ante resistencias de las autoridades territoriales no es aconsejable; como tampoco que el Estado transija que los símbolos nacionales sean los grandes ausentes de la vida pública en los territorios autónomos.

¿Aprenderemos estas lecciones para el futuro?

¡Comparte el artículo en redes sociales! Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedIn

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

X