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La insensatez visita Bruselas

CARLES PUIGDEMONT ORIOL JUNQUERAS Y RAUL ROMEVA DENTRO DEL AVION QUE LOS LLEVARA A BRUSELAS PARA PRONUNCIAR UNA CONFERENCIA

Puigdemont, Junqueras y Romeva dentro del avión en el que viajarían a Bruselas.

La insensatez, la estulticia o la mala política que representa un secesionismo ciego, liderado hoy por Puigdemont, Junqueras y Romeva, y alimentado por los antisistema de las ‘CUP’,  llama a las puertas de Bruselas.

No es la primera vez que el separatismo acude a las instituciones comunitarias en un patente deseo de internacionalizar y complicar el “procés. Con motivo de anteriores visitas se nos ha intentado calmar a los españoles resaltando la poca trascendencia de las mismas o que ninguna autoridad ni responsable de la UE les ha recibido ni ha estado presente. Sin embargo, siguiendo un plan establecido y gastando el dinero público de todos los contribuyentes, vuelven a la carga desembolsando 127 mil euros del ala y haciéndose pasar por presidentes y ministros.

Se puede argumentar, entre otras razones, que no es posible un referéndum ilegal; que no lo permite la Constitución; que la Unión Europea es una organización supranacional fundada sobre valores y principios justamente opuestos a la disgregación, ruptura y particularismo, notas características del separatismo catalán, y que la Cataluña independiente quedaría fuera de aquélla y de la eurozona. Pero el caso es que el desafío avanza, el reto engorda y, lo que es más inquietante, los ciudadanos desconocemos los planes del Gobierno en defensa del Ordenamiento constitucional, de la integridad del Estado y de la persecución implacable de conductas presuntamente ilegales o delictivas.

Desde el año 2012, fecha en que el llamado “procés” empieza a dar sus pasos con decisión, tenemos que estar de acuerdo en que el Gobierno del Estado ha centrado su atención y ocupado su tiempo, casi exclusivamente, en enderezar el rumbo de la economía y de las finanzas, lo que no está mal.

No obstante, si un Estado tiene el problema territorial y de deslealtad institucional del caso español, hubiera sido interesante, y muy conveniente también, que el Gobierno se hubiera ocupado, con la atención que el asunto merece, de hacer frente a las falacias y mitos del secesionismo catalán y haber tenido mucha más presencia en Cataluña. La prueba de la verdad que encierran estas afirmaciones es que, nada más formado el Gobierno de la XIIª Legislatura, a la mano derecha del señor Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, se le nombra vicepresidente y ministra para las Administraciones Territoriales, con el encargo de ‘enderezar’ la deriva independentista catalana y capitanear la que se ha dado en llamar “Operación diálogo”, porque antes no lo había.

No cabe duda que el actual Gobierno soberanista catalán desea internacionalizar el problema, y para ello sigue la hoja de ruta trazada por expertos, consultores y entidades de la sociedad civil catalana, regados con abundantes fondos públicos. Está claro que la Generalitat catalana quiere complicar el conflicto y para ello no ceja en fundar esas delegaciones en el Extranjero a las que, medio en broma, medio en serio, se les llama “embajadas”. Tampoco se oculta a estas alturas que, además de aprobar declaraciones, medidas y procedimientos que permitan avanzar al “procés”, las esperanzas están ahora cifradas en la próxima aprobación por el ‘Parlament’ de las llamadas “Leyes de Transitoriedad jurídica” y de “desconexión” del Estado español.

Todos los días la Administración catalana gestiona acuerdos y ejecuta medidas separatistas y desembolsa sustanciosas cantidades de dinero público para lograr ese  fin, con escasa persecución judicial por parte de las autoridades estatales, permaneciendo aquéllas hasta hoy en un limbo de impunidad.

Es la hora de tomarse en serio la embestida separatista. Si repasamos la historia contemporánea, en la década de los años 30 del pasado siglo, asistimos al mismo fenómeno separatista y con los mismos argumentos. En efecto. Recordemos. Cuando Maciá y sus hombres se asoman al balcón del Ayuntamiento de Barcelona a las dos y cuarto del 14 de abril de 1931 apelan a que “encarnan la voluntad de Cataluña”; que “el pueblo les ha encargado su Gobierno”; que “defendemos las libertades de Cataluña” y que “el Gobierno de España no ha hecho sino oprimirnos y hacer cumplir sus disposiciones mediante la violencia” (“El Rey perjuro. Don Alfonso XIII y la caída de la monarquía”, Rafael Borràs, Ediciones B, 2007, pp. 341-343), por lo que proclaman la República catalana.

Hoy nos encontramos como ayer, esperando que el final no sea el mismo de entonces.

Vivimos en un Estado democrático de Derecho, en  cuyo marco no es defendible racionalmente el independentismo. Pertenecemos a la Unión Europea. Poseemos un ordenamiento jurídico que apodera al Gobierno para hacer frente a estas quimeras secesionistas.

La Constitución, en su artículo 155, prevé la adopción de medidas extraordinarias de coerción federal para los graves supuestos que estamos contemplando.

Sería muy grave que el separatismo catalán obligara al Gobierno, con el concurso del Senado, a tomarlas.

José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A. Maldonado Castillo, Teresa Tavera Benítez, José L. Navarro Espigares, José J. Jiménez Sánchez, Ana Isabel Guijarro de Haro, Alejandro Muñoz González, R. Montahud Villacieros, José I. Andrés Cardenete y José Ramos Salguero.

Publicado en IDEAL de Granada, 31 de febrero de 2017.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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