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La elección directa de los Alcaldes

300-mag_114545Los Alcaldes o presidentes de las Entidades municipales constituyen, en el conjunto de las Administraciones públicas, un importante cargo público.

La Historia, la política y el papel que representan en la Administración más cercana a los ciudadanos, que presiden, otorga a esta figura una especial relevancia y un rasgo muy destacado. De ahí el interés que suscita cualquier proyecto de cambio de su regulación.

La reforma, cuyo anuncio hemos conocido estos días, atañe al régimen electoral. Proponen los ‘populares’ que la elección de los Alcaldes deje de ser hecha por los Concejales y pasen a ser elegidos directamente por los electores, los “vecinos”, como sucede hoy en los municipios sujetos al régimen de Concejo abierto.

La mentada propuesta exige que nos planteemos la viabilidad o corrección de la misma. Desde luego, nada hay que objetar desde la perspectiva de evitar los escandalosos y vergonzosos pactos y contubernios que la ‘praxis’ municipal española nos tiene acostumbrados desde 1979 (fecha de las primeras elecciones locales democráticas).

Con ellos muchas alcaldías han ido a parar a manos de los titulares más impensados, en hiriente burla del electorado. También se conseguiría una mayor transparencia y correspondencia entre elector y elegible, evitando el ‘mercadeo’ de votos y espurios compromisos, fuente y origen de no poca corrupción política (en urbanismo, personal, contratación, subvenciones, concesión de servicios, licencias, etc.), fenómeno que toma cuerpo en la disputa por el sillón presidencial del Consistorio.

Desde el punto de vista de la reforma administrativa y del régimen electoral, la elección directa de los presidentes de los Ayuntamientos sin duda coadyuvaría a ‘limpiar’ el abigarrado nivel institucional de la Administración local, base y fundamento del Estado.

Con todo, las objeciones pueden provenir de dos campos: del Derecho y de la política. Desde el primer ámbito podemos preguntarnos si la reforma sugerida cabe en el actual Ordenamiento constitucional español. Desde el segundo, qué obstáculos políticos se le presentan.

En mi opinión, es viable jurídicamente la elección directa de los Alcaldes. Sólo precisaría la reforma de la Ley electoral y la de Régimen local. La CE en su artículo 140 lo proclama claramente: “Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos”. Es, pues, un sistema disyuntivo el que nuestra Constitución autoriza. Al legislador ordinario le compete seleccionar el sistema de elección. Desde la primera disposición predemocrática (R. D.-L. 20/1977), pasando por la Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones locales, hasta llegar a la vigente L.O.R.E.G. 5/1985, aquél ha preferido que los Alcaldes sean elegidos por los Concejales electos, permitiéndose por la ley que, en defecto de una inicial mayoría absoluta, se puedan suscribir pactos y ‘ententes’ entre las formaciones políticas votadas.

En apoyo de la opción constitucional para elegir a los Alcaldes en el vigente Ordenamiento local español -“por los Concejales o por los vecinos”- milita una amplísima bibliografía administrativista sobre organización municipal. Los especialistas han venido considerando que el Constituyente de 1978 dejó al legislador estatal la libertad de elección por uno u otro sistema, decantándose hasta hoy por la elección indirecta a través de los Concejales. Pero igual de constitucional sería la elección directa por los vecinos, si una ley así lo acogiera.

Por ello sorprende que un reputado constitucionalista, el profesor J. de Esteban, califique de dudosa constitucionalidad la expresada reforma ‘popular’ (“Una reforma inaceptable”, El Mundo, 21.8.14) e, incluso, que considere necesaria la modificación del citado artículo 140 CE para hacerla posible. Contrariamente, un colega suyo de disciplina (Javier García Fernández, “La elección directa de los Alcaldes…”, RDP, nº 52, 2001, pp. 205-245) sostuvo hace más de una década la absoluta corrección de esta opción, ahora defendida por algunos. Es más: en 1998 el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley orgánica al objeto de elegir directamente a los Alcaldes (B.O.C.G., 7.12.1998).

Queda el aspecto político de la reforma. Se habla de oportunismo, de temor a la pérdida de alcaldías de ciudades importantes por parte del PP, de improcedencia ante la falta de un más que conveniente consenso, de que no es de recibo el cambio de las reglas del juego cuando se está a pocos meses de la contienda electoral…Como se ve estas cuitas nos conducirían a entrar en los arcanos del poder, en cuyo terreno es fácil resbalar.

Desde mi posición de jurista cabe concluir que el Derecho español vigente no presenta obstáculo que impida la elección directa de los Alcaldes por los vecinos.

La Constitución dejó abierta esta materia, como tantas otras, a la definición del legislador ordinario.

Nuestros Alcaldes los eligen hoy los Concejales, pero mañana una nueva ley orgánica puede depositar directamente en los vecinos esa potestad.

Publicado en IDEAL de Granada, 5 de septiembre de 2014

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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