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La demagogia, al poder

EL PAÍS/

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Según Aristóteles, la demagogia es una forma “impura” de gobierno que resulta de la degeneración de la  democracia. En el mismo sentido, Norberto Bobbio sostiene que la demagogia es una forma corrupta o degenerada de la democracia. El Diccionario de la RAE la  define como “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.  De todas estas fórmulas conceptuales se desprende que el fin predominante de esta práctica política, que no ideología, es la de “agradar o exaltar a las masas, generalmente con medios poco  lícitos”, como la mentira, la falsedad o el engaño al pueblo, a la “gente”.

Lo anterior viene a cuento de ciertas exhibiciones, como la leyenda antimonárquica impresa en la camiseta del indescriptible diputado Cañamero (“Yo no voté a ningún Rey”), o de declaraciones públicas como las del adalid podemita Iglesias con ocasión de la solemne inauguración regia de la XII Legislatura.

Al primero habría que decirle que si algo es consustancial a la institución monárquica es que es hereditaria. Sorprendería lo contrario. Empero, aun así, ello no está en contradicción con el papel democrático de un monarca constitucional, jefe de un Estado democrático, como es el español. Estado que, desde su fundación en 1978, ha respaldado mayoritariamente a la Monarquía parlamentaria en todas las  ocasiones y pronunciamientos político-legislativos y en cuantas  convocatorias han sido hechas desde la aprobación de la vigente Ley Política.

Por su parte, el líder populista Iglesias se ha despachado a gusto con su proverbial verborrea vacua. Sin pestañear ha pontificado que “Nosotros tenemos mucha más legitimidad porque a nosotros nos vota la gente”, en referencia a don Felipe de Borbón. He ahí un ejemplo, como el de la camiseta de Cañamero, del más puro populismo, de la más pura demagogia con que el jefe podemita quiere contentar a los suyos y pretende acrecentar su rebaño.

Habría que repasar la Historia para aclarar eso de la legitimidad democrática. Juan Carlos I auspició y firmó la Ley para la Reforma Política (1/1977, de 4 de enero). Con ella renunció voluntariamente a los poderes excepcionales que recibió del anterior jefe del Estado y se ajustó a ser un monarca de un Estado social y democrático de Derecho al propiciar la aprobación de la Constitución de la Concordia de 1978, que el pueblo aprobó abrumadoramente en su día. Sujetándose escrupulosamente a esta Norma, ha reinado, que no gobernado, durante 36 años.

Por su parte la ascensión al Trono de Felipe VI cumplió con todos los pasos ordenados y previstos por el Ordenamiento jurídico-constitucional. Hablando de legitimidad democrática, el señor Iglesias debe tener en cuenta que la sucesión en la Jefatura del Estado fue aprobada por una Ley Orgánica (3/2014, de 18 de junio) votada ampliamente en el Senado y en el Congreso (299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones: el 85’4% de los diputados). Contando con esa amplia anuencia del Parlamento, don Felipe juró “desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”.

La actual Monarquía es, pues, una institución democrática, esto es, una institución propia de un Estado democrático, que respeta las leyes y usos propios de la democracia y que se atiene en todo al funcionamiento de un Estado democrático. Y todo ello porque lo ha querido el pueblo español, o, en su representación, los parlamentarios libremente elegidos.

En efecto, el señor Iglesias no era entonces diputado de la Cámara que votó al monarca. Quizá, por ello, piense su Señoría que la entronización del monarca no fue perfecta, que faltaba su voto. No obstante, debe tener en cuenta el aludido que la separación de poderes, propia del Estado democrático, atribuye a cada cual su papel, y cada actor tiene la legitimidad propia de la institución a la que pertenece y sirve. ¿Podría sostenerse que la reina Isabel II del Reino Unido no encarna una institución democrática? Las monarquías de los países democráticos son instituciones democráticas, sin perjuicio de que sus titulares sigan la línea predeterminada de la sucesión según el ordenamiento constitucional (56 y 57  CE). Si no, no sería una Monarquía, obviamente.

Consecuentemente, con el vigente marco constitucional no se puede cuestionar la legitimidad democrática del monarca. Es comparar huevos y castañas. Es dar brochazos impropios de especialistas en Ciencia política como sucede con el doctor Iglesias.

Por eso cobra toda su fuerza y sentido este pasaje del discurso del Juramento del rey Felipe VI: “Hoy comienza el reinado de un Rey constitucional”.

¿Qué más legitimidad?

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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