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“Hay que dialogar”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, charla con Oriol Junqueras./ El Confidencial

Esa frase que da título a la tribuna de opinión, cuya lectura ha iniciado el amable lector, es una de las más usadas por políticos de nuestros días cuando se les interpela sobre la vidriosa cuestión del separatismo catalán. En efecto, cuando los periodistas abordan a los cargos relevantes de los partidos y les preguntan qué hay que hacer con los recalcitrantes y sediciosos gobernantes catalanes aquéllos responden -soplándose las manos cual si hubieran agarrado una patata de las brasas- que “hay que dialogar”. Y lindamente salen del embrollo.

Quienes de esta manera responden, a lo Churchill de vía estrecha, es que, primero, no saben cómo solucionar el problema catalán; o, en segundo lugar, confían ciegamente en el poder taumatúrgico del raciocinio, que, si fuera el caso, surgiría de la palabra un efecto saludable de encontrarnos ante interlocutores inteligentes, formados y racionales; y, en tercer lugar, quienes ofrecen diálogo como mágico remedio para arreglar el complicado asunto separatista generalmente están en la oposición, y no quieren comprometerse con ofertas alternativas.

La palabra diálogo, de origen helénico, es un noble vocablo, una excelsa idea, y un conocido método puesto en práctica por las escuelas filosóficas de todo tiempo para hallar la verdad y el auténtico sentido de las cosas y de las conductas humanas. Claro que, para que el diálogo sea útil, fructífero, y una herramienta valiosa para llegar a un acuerdo con el oponente, es de todo punto necesario un ‘príus’: que éste esté dispuesto a llegar a la avenencia, que razone y no esté instalado en la sinrazón.

Volviendo al asunto catalán, hemos de convenir que los gobernantes y líderes de los partidos que abiertamente están por la ruptura, o que muestran más o menos condescendencia con la autodeterminación (inaplicable ésta al caso de Cataluña), están en la posición política del empecinamiento, del “sostenella e non enmendalla”. Se desprende tal posición del mantenimiento -en todo momento y situación- del lema “Referéndum o referéndum”, como así se dirigió el diputado Tardá al presidente del Gobierno en las Cortes, a manera de previo paso, insoslayable para “dialogar”.

Si a esa posición apriorística se le añade que su ejecución está fuera de la Ley, que llevarla a cabo supone una violación clara y frontal del Ordenamiento constitucional, y que no hay norma interna ni internacional del mundo civilizado que la ampare, tendremos que convenir que la supuesta solución del “hay que dialogar” no es tal solución sino un enjuague, una chapuza más de la factoría hispánica.

El Diccionario de la RAE ofrece tres acepciones de la palabra diálogo que creo deben estar presentes para llegar al punto que deseo. La primera acepción dice que “diálogo es discusión o trato en busca de avenencia”. Ésta no la quieren “Junts pel Sí” y, mucho menos, las “CUP”. La segunda acepción, ‘diálogo de besugos’, se acerca al escenario político vigente en Cataluña: “conversación sin coherencia lógica”, pues el “procés” avanza desprovisto de toda lógica y envuelto en pura falacia. Y el tercer significado corresponde a “diálogo de sordos”, que, según la Academia, es “aquella conversación en la que los interlocutores no se prestan atención”. Puede que ésta sea la acepción que mejor sienta al momento presente.

Por tanto, decir que “hay que dialogar” es no decir nada y querer quedar bien. Cuando un sujeto o un colectivo pretende cometer una ilegalidad, un ilícito, sea civil, penal o administrativo (como son los que pretenden consumar los dirigentes separatistas catalanes), hasta los estudiantes del primer trimestre del primer Curso de Derecho saben que tal conducta tiene consecuencias previstas en el Ordenamiento jurídico. Si se vive en un Estado de Derecho (caracterizado por el imperio de la Ley, la libertad, la democracia y por las garantías jurídicas subsiguientes), la conducta transgresora ha de recibir, primero, su adecuada respuesta prevista en la legislación, y, segundo, todas las autoridades y funcionarios públicos está obligados, por ministerio de la Ley, a su persecución y castigo.

Por tanto, dado que estamos ante conductas presuntamente ilícitas, transgresoras de la Ley (como es convocar un “referéndum” cuando se carece de la competencia para ello, y se quiere hurtar a la soberanía nacional lo que sólo a ésta corresponde), lo del diálogo se aviene mal con el Estado de Derecho. Quien se sitúa fuera de la Ley es quien tiene que rectificar. No concibo dialogar con asesinos, ladrones, violadores o estafadores. Por ahí llegamos a la disolución del Estado de Derecho y, con ello, a instaurar la ley… de la selva.

Y no se diga que no es democrático aplicar la Ley. La norma más democrática de la pirámide normativa es la Constitución, abrumadoramente aprobada por el pueblo español en 1978.

Esa es la respuesta democrática por excelencia.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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