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Función pública e insurrección

Quien menosprecia las Leyes es un déspota” (Principio político de la época visigoda).

Una oficina de la Agencia Tributaria en Cataluña./Crónica Global, El Español

Los acontecimientos políticos que están decantándose en la Comunidad autónoma de Cataluña, que salvo mejor  opinión y de manera presunta podrían constituir actos de rebelión y/o sedición si se constatare alzamiento violento y público (artículos 472 y 544 del Código Penal, respectivamente), pueden afectar, de manera muy directa, a los funcionarios y personal laboral al servicio de las Administraciones públicas en Cataluña.

Me consta que las decisiones que están tomando las autoridades y dirigentes catalanes, en el ejercicio de sus cargos, contra el Ordenamiento constitucional y estatutario está siendo, ciertamente, motivo de grave preocupación para el amplio colectivo funcionarial que trabaja en tierra catalana. Sin embargo, tanto la Constitución como el Estatuto de autonomía, y el resto del Ordenamiento jurídico, contienen un conjunto de principios, reglas y disposiciones que blindan a la Función pública de la previsible agresión que puedan sufrir los funcionarios a manos de las autoridades insurgentes.

A pesar de los cantos de sirena contenidos en las llamadas “Leyes de desconexión”, que los sediciosos han aprobado, en el Estado de Derecho no hay norma superior a la Constitución. Los actos y las leyes sólo se pueden adoptar y aprobar por el órgano que tenga atribuida la competencia por la Ley, y las normas jurídicas, jerárquicamente ordenadas, sólo pueden modificarse o derogarse por norma de igual o superior rango y por el procedimiento legalmente previsto. Por eso, el conjunto de normas, disposiciones y medidas que estas autoridades catalanas hayan aprobado, aprueben o quieran aprobar conculcando los principios del Estado de Derecho, son nulas de pleno Derecho, inválidas, y, por tanto, inexistentes. Más aún si han sido suspendidas y/o anuladas por el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución.

Como todo Estado de Derecho, y España lo es, la Función pública (el conjunto de personas físicas que  profesionalmente trabaja en las Administraciones públicas retribuidas con cargo al presupuesto público) aparece blindada y al resguardo de la arbitrariedad o abuso de poder de las autoridades y cargos directivos de cualquier Administración. El Código penal vigente (art. 410.2) declara que “no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades y funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general”.

En la misma dirección, el Estatuto Básico del Empleado Público de 2015, fija unos determinados deberes a los funcionarios en el desempeño de sus competencias, como la “sujeción y observancia de la Constitución y del resto del Ordenamiento jurídico” o actuar “con neutralidad [política]”. Y “obedecerán las órdenes de sus superiores salvo que constituyan una infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”. Son deberes funcionariales que sirven de valladar frente a aquellas autoridades que no respeten la legalidad y pretendan sujetar a los funcionarios a la obediencia de órdenes inconstitucionales o ilegales. Otras disposiciones aplicables se encuentran en el Reglamento de Régimen Disciplinario estatal de 1986, que considera falta muy grave la infidelidad a la Constitución y a la violación de la neutralidad o independencia política del empleado público.

También el Derecho catalán vigente en materia de Función pública (Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre) recoge idénticos principios reguladores del ejercicio profesional de los servidores públicos. Como requisito para adquirir la condición de funcionario la norma catalana exige juramento o promesa de cumplir las Leyes vigentes (art. 34); la Constitución, especialmente los principios del artículo 103 de la misma; el Estatuto de autonomía, y “en caso de recibir órdenes contrarias a la legalidad pedir la confirmación por escrito y comunicación al superior. No se cumplirán en ningún caso órdenes constitutivas de delito” (art. 108). Todavía  más: el artículo 115, a), considera falta muy grave la infidelidad del funcionario a la Constitución y al Estatuto.

Conociendo y leyendo estos preceptos, que tratan de salvaguardar y proteger la actividad de los funcionarios públicos y mantenerla dentro del respeto al principio de legalidad, se toma verdadera medida del tremendo dislate -que entra de lleno en la antijuridicidad- en el que están sumidos los actuales gobernantes catalanes, que están cometiendo las ilegalidades más groseras. Por eso los funcionarios que trabajan en Cataluña, ante la actitud rebelde o sediciosa de sus superiores, pueden ampararse en estas y otras normas concordantes que, como hemos reproducido, actúan a manera de coraza frente a la actitud insurrecta de sus superiores.

En la hora en que redacto estas líneas se desconoce el desenlace del llamado “procés”, ese rosario de palmarias ilegalidades y de burdos ataques a la Constitución. Es menester enviar a los funcionarios públicos, que han jurado o prometido fidelidad a la Constitución, el mensaje de que tienen en el Estado de Derecho sobradas armas para desbaratar una pretendida obediencia a órdenes ilegales, obediencia que nunca debe ser ciega. El escudo es la Ley.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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