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¡Españoles: reconstruid vuestro Estado!

José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset

El pasado 15 de Noviembre hizo ochenta y cuatro años que Ortega y Gasset publicó en ‘El Sol’ (15.11.1930) un extenso artículo en el que repasaba los acontecimientos políticos españoles de las últimas décadas. Lo tituló “El error Berenguer”.

En él sostenía la tesis de que la Monarquía de Alfonso XIII había firmado su destrucción (“delenda est Monarchia”) al nombrar al general Dámaso Berenguer presidente del Gobierno (30.1.1930). En opinión de Ortega, ello suponía continuar con el régimen de la ‘Restauración’ como si nada hubiere pasado en la agitada vida política española, cuando en verdad olvidaba el monarca que desde 1917 (años de enorme agitación social y anarquista en España) se esperaba un cambio de rumbo en la gobernación del Estado, agotado el modelo implantado por Antonio Cánovas del Castillo, artífice de la Constitución pactada de 1876. A lo anterior Alfonso XIII sumó el pecado de alentar el golpe de Primo de Rivera (13.9.1923).

Cuando el 28 de enero de 1930, tras casi siete años de suspensión de facto de la Constitución restauracionista, aquél resignó sus poderes extraordinarios en el rey, éste, en lugar de impulsar la convocatoria de Cortes Constituyentes y patrocinar una nueva Ley Política, encomendó, sin más, el Gobierno al general Berenguer. Por eso Ortega lo consideró un error de bulto del monarca, y terminó su alegato periodístico afirmando apasionadamente que “somos nosotros, gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”.

Leyendo en el artículo del filósofo las circunstancias que denuncia y teniendo en cuenta la situación política y social española actual, cabe preguntarnos si hoy como ayer los españoles tenemos que acudir a reconstruir nuestro Estado, el Estado de la Transición, como algunos piden.

Desde luego no podemos caer en los brazos del populismo. Tampoco seguir las fáciles consignas que lanzan emergentes fuerzas políticas asamblearias de extrema izquierda, consignas alojadas en mentes bisoñas, inexpertas, proclives a cambios revolucionarios, propuestas más teóricas e idealistas que sólidas y realistas. No podemos compartir la destrucción de un sistema político-constitucional de libertades, derechos y garantías como el que consagra la Ley Fundamental de 1978. Es una locura demoler la obra política del gran pacto alcanzado en los finales de los setenta del pasado siglo, un pacto histórico y casi único en la vida de nuestro Estado.

La actual Constitución no solo nos homologa y sitúa al nivel de los demás miembros de la Unión Europea sino que, en muchos aspectos, nuestro Código político es más avanzado y ofrece un traje político de mayor talla. Por esas y otras razones, son pura insensatez e insania las voces que injustamente califican de candado a la Transición y dan por caducada la Constitución de 1978. La Transición fue lo contrario: libertó al pueblo español. Y la Carta de 1978 es progresista, generosa y tuitiva para ciudadanos y territorios.

Pero es verdad que la actual deriva y punto en que se encuentra la vida del Estado español requiere de ciertos y necesarios ajustes, de la revitalización de ciertos principios consustanciales a la vida misma del Estado, hoy por hoy el sujeto político colectivo por excelencia.

España requiere de limpieza y regeneración públicas. Requiere que sus gobernantes y autoridades persigan el interés general. Necesitan de altura de miras. Urge que los responsables políticos dignifiquen el Estado y la función pública. Que respeten los recursos públicos como si fueran los restos mortales de sus ancestros. Urge que las instituciones del Estado se ganen el respeto y la autoridad que el ejercicio de todo cargo público conlleva. Es necesario respetar el principio de separación de poderes y emprender la despolitización de la justicia. Se requiere que las instituciones e instrumentos del Derecho público no se manipulen ni se profanen. Se requiere, pues, todo un ejercicio de honestidad, de decencia por parte de todos aquellos que ostentan una responsabilidad y el ejercicio de un cargo público. La democracia así lo pide para evitar su destrucción.

Por eso, sin caer en aventuras populistas ni otorgar cheques en blanco, sin atender cantos de sirena que luego tórnanse en mayor desgracia y llanto para el pueblo, nuestro sistema político-constitucional de libertades y garantías con la forma de Estado de monarquía parlamentaria y acompañados de una amplia descentralización político-territorial, consiguen grados de libertad, de estabilidad y de prosperidad inmejorables.

La casa, pues, no está en el grado de ruina que aconseje su demolición total. Las reformas apuntan, más bien, al plano moral y al de la ética pública.

Los políticos tienen que reencontrarse con el espíritu y la letra de la Constitución.

Esa es la reconstrucción que necesita nuestro Estado.

 

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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