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¿En misa y repicando?

Cargos del Gobierno navarro, Podemos y el PSOE marchan por la libertad de los agresores de Alsasua/El Mundo

Cargos del Gobierno navarro, Podemos y el PSOE marchan por la libertad de los agresores de Alsasua/El Mundo

Recientemente han ocurrido unas actuaciones protagonizadas por cargos públicos que a los juristas -y me atrevo a afirmar que también a simples ciudadanos cabales- nos han sorprendido e inducido a preguntarnos qué personajes están al frente de algunas instituciones y responsabilidades públicas en la España de hoy.

Me refiero a la presencia de autoridades y líderes de partidos políticos en apoyo de presuntos delincuentes o infractores, como los que han agredido a los guardias civiles y sus parejas en Alsasua, o como el caso de algunos concejales de Madrid que se ponen el traje de calle y acuden a expresar su compresión y aliento a sus conmilitones y simpatizantes, forzando con ello, en ambos casos, el delicado papel institucional que un cargo público desempeña y el ‘status’ excepcional con que el Derecho rodea la investidura y ejercicio de cualquier autoridad o funcionario público.

En esta triste hora en que algunos cargos públicos -con menosprecio o ignorancia de su papel institucional y representativo, que lo es por ministerio de la Ley- desdoblan su carácter, por las mañanas están en su despacho oficial y por las tardes engrosan las  manifestaciones en apoyo de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, agitando los ánimos y las calles, debemos de calificar tal conducta de perversión, de aberración, desdoblamiento de papeles como si un policía se dedicara a asaltar establecimientos, un bombero prendiera fuego a un edificio o un médico propagara enfermedades.

Es de lamentar que hayan aparecido fuerzas políticas ayunas de principios y valores morales, a las que no les importa los medios con tal de conseguir su principal fin, que es alcanzar o retener el poder. A su frente están unos cabecillas que, con tal de no defraudar a los suyos o considerando que en democracia todo es lícito, adoptan conductas, papeles y decisiones impropias de un cargo público, absolutamente rechazables y repudiables en un servidor público. Son partidos e individuos que desconocen -o no respetan- la dignidad de un cargo público o el servicio a los ciudadanos. Son formaciones políticas, y líderes, que no solamente incurren en lo que se puede denominar la ‘antiPolítica’, sino que entran de lleno en lo que también se puede calificar de comportamiento o estrategia ‘antiDerecho’.

A esas personas, que creen que la investidura de un cargo público puede quitarse como una prenda para salir a la calle y ser uno más, habría que recordarles (más grave sería enseñarles) qué es una autoridad, qué es un cargo público y cuáles son las exigencias que el Derecho les demanda. La sabiduría popular dice que la autoridad imprime carácter, y es cierto. Y para recordarlo también está la Ley, que delimita la figura de la autoridad, sobre la que recae, por extensión, los principios y reglas aplicables al funcionario público (24 Código Penal).

Al respecto, no es parco el actual Ordenamiento jurídico. La Constitución (103.1) manda que los funcionarios públicos -incluidas las autoridades- actúen con objetividad y con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. A los infractores habría que mandarles escribir quinientas veces el apartado 5º, letra b), del artículo 26 de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, que dice: “[Las autoridades] no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad”. Está claro.

En tiempo reciente, y por un Gobierno socialista, se aprobó el Estatuto Básico del Empleado público (hoy Real Decreto Legislativo 5/2015) en el que encontramos sustanciales deberes, principios éticos y de conducta aplicables a estos cargos públicos que, olvidando -o no- su condición, traspasan la línea divisoria público-privado situándose frente al Derecho, codo con codo con manifestaciones callejeras. Por las limitaciones de espacio no puedo transcribirlos, pero el lector los encontrará en los artículos 52, 53 y 54 del citado texto legal. La consulta es luminosa.

Así pues, la dignidad del cargo público, las reglas que rodean su ejercicio y la propia naturaleza de la función del desempeño serían de por sí valladares suficientes para  evitar los espectáculos esperpénticos que los caudillos y segundones de ciertos partidos ofrecen a la sociedad. No vale todo. Quien por mandato de la Ley tiene que dar ejemplo; quien ha de ejercer unas competencias indiferentemente de quien sea el destinatario de las mismas y quien está para aplicar la legislación y respetar el Derecho, no puede, no debe, amparar intereses o apoyar hechos presuntamente ilícitos que, para mayor ofensa, están pendientes de los Tribunales de justicia. Mucho más si el actor está investido de funciones públicas.

No se puede estar en misa y repicando.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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