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Sobre el derecho a decidir

schmittHace ya tiempo que se extiende por nuestro país la defensa del derecho a decidir como si fuera una bola de fuego que arrasara todo cuanto se encuentra en su camino. Es cierto que aún  no somos capaces de ver los daños de tal catástrofe, en la medida en que la misma tiene lugar por ahora en el terreno de las ideas, aunque una vez que las haya calcinado por completo, podremos apreciar sus efectos en la facilidad con la que quedará destruida la convivencia ciudadana.

El primer frente de ese fuego salvaje viene constituido por la confusión entre derecho a decidir y democracia, que concluirá en la afirmación de que un verdadero demócrata nunca debería oponerse a tal derecho, pues la esencia de la democracia consiste precisamente en la capacidad que poseemos para decidir con independencia de cualquier otro requisito.

El segundo es más complejo, en la medida en que se encuentra ínsito en ese fuego actuando como un acelerador de su poder destructor. Carl Schmitt lo entendió muy bien y lo definió como la capacidad de reconocer el auténtico poder en aquel que era capaz de adoptar la última decisión. En su caso lo ejemplificó como la capacidad de determinar el momento en que cabía declarar el Estado de excepción. En nuestro caso lo comprendemos como el poder de quienes pueden decidir, en tanto que nuevos poderes fundantes, la configuración de distintos órdenes jurídico-políticos. En apariencia podríamos defenderlo como algo plenamente democrático, aunque perderíamos de vista el componente de barbarie que tal propuesta encierra.

Para entenderlo sólo hace falta girar nuestra vista a la historia y recordar los casos de la Unión Soviética y la Alemania nazi, asentados sobre la identificación entre derecho a decidir y democracia, esto es, sobre la comprensión del poder político como mera decisión. La organización social a través de los soviets o las concentraciones nazis en la plaza pública muestran una democracia enraizada en la contingencia de las  decisiones.

Para evitar este desastre deberíamos recuperar de los rescoldos lo que quede de nuestras ideas acerca de una comprensión correcta de la democracia.

Nuestra democracia se asienta sobre presupuestos que van más allá del decisionismo, en tanto que las decisiones que haya de tomar bien el pueblo, bien el legislador político, han de evitar la temporalidad de las mismas, es decir, las decisiones que se adopten, han de soportar un momento de incondicionalidad que es lo que permite que las mismas dejen de ser decisiones meramente arbitrarias e irracionales y lo sean legítimas y válidas, es decir, que esas decisiones no sean meras decisiones, sino que las mismas posean un carácter moral, lo que implica su capacidad para alcanzar cierto grado de universalización, aunque el mismo quede limitado en un primer momento a la propia comunidad jurídico-política.

Los elementos que aseguran la validez de las decisiones en un sistema democrático serían, en primer lugar, la idea ficticia, si bien racional, de la soberanía popular o voluntad general, en tanto que gracias a la misma se reconoce la preeminencia del interés general sobre los intereses particulares. Y en segundo lugar, el reconocimiento de los derechos y libertades individuales tanto de carácter civil, que asegurarían el ejercicio de las libertades subjetivas de acción, así como de carácter político, que posibilitarían la conformación democrática y racional de una opinión pública por su capacidad de mediarse con la voluntad general.

Desafortunadamente, los defensores del derecho a decidir o derecho de autodeterminación de los diferentes territorios del país sostienen una democracia asentada en la defensa de los diferentes intereses particulares, sean de quienes dominan en aquellos territorios, sean de quienes piensan dominar en los mismos. Precisamente por tal defensa es por lo que pueden tacharse de irracionales, pues la misma se construye sobre la destrucción de la soberanía popular, así como sobre el desprecio al ejercicio del derecho de participación que poseen el resto de los ciudadanos respecto de lo que puede atañerles.

Las consecuencias de la ejecución del mal llamado derecho a decidir serían desastrosas y nos llevarían una vez más al conflicto y enfrentamiento entre conciudadanos. Un país asentado sobre los valores democráticos y de defensa de los derechos individuales, así como colectivos relativos a las diferentes lenguas y culturas existentes en el mismo, no merecería que lo despeñaran por el monte Taigeto como incapaces de resolver civilizadamente las dificultades de una convivencia en colectividad.

Firman este artículo junto al profesor José Joaquín Jiménez Sánchez los miembros de la Junta Directiva del Foro para la Concordia Civil.

Publicado en EL MUNDO Andalucía, 9 de junio de 2016.

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