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El banco de pruebas

Artur Mas entrando al TSJC/ lavanguardia.com

Artur Mas entrando al TSJC/ lavanguardia.com

Lo que suceda a partir del 28-S, lo que el secesionismo catalán pueda avanzar en su disparatado e interesado objetivo y lo que el Gobierno del Estado decida hacer para solucionar el problema y atajar sus perversas consecuencias para España, va a constituir todo un reto, todo un banco de pruebas para la resistencia de nuestras instituciones democráticas.

España se la juega. El Estado no solo atraviesa una hora de debilidad y confusión sino que arriesgamos convertirla en permanente. El momento es delicado. Los enemigos del Estado son muchos: peligro de contagio a otras Comunidades, pérdida de la estabilidad político-económica, fuga de inversiones financieras, posibles agresiones extranjeras, empobrecimiento, y exhibir ante el mundo y la UE el caso español como una excepcionalidad política, son algunos de los riesgos que como Estado sufrimos por el caballo desbocado del separatismo

El separatismo requiere una respuesta. Una respuesta que reúna en sí la suficiente dosis de prudencia y de diálogo (dentro de la Ley), pero también de firmeza. Hasta el momento el Gobierno Rajoy ha mantenido cierta contención y prudencia con la pretensión de no activar más el nacionalismo excluyente catalán, pero también es cierto que éste, hasta el momento, lleva la delantera a aquél. Es más, podemos afirmar, sin temor a la exageración, que todo el “procés” ha sido una demostración exitosa en la que los independentistas han llevado, hasta hoy, la iniciativa. El Gobierno del Estado ha ido a remolque. En un país democrático, donde se reconocen y protegen los derechos y libertades fundamentales, y donde impera la Ley es incomprensible el ‘toreo’ de los Mas, Junqueras y  Romevas.

Está bien la prudencia gubernamental. Pero teniendo en cuenta que los resultados de los comicios del 27-S indican que “Junts pel sí”, en el fraudulento y trilero plebiscito realizado, no ha sido respaldado por una mayoría de votos, es hora de que el Gobierno combine la fórmula del palo y la zanahoria. Ya es hora de combatir y reconducir esta patología política a parámetros de juridicidad con la Constitución y las Leyes en la mano.

No es pedir dureza, ni situarnos en terrenos de ofuscación o intolerancia, pero sí empezar a adoptar medidas contempladas en el Ordenamiento jurídico, que para eso existen y en número abundante y vigoroso. A grandes males, grandes remedios. A situaciones excepcionales de sedición y rebeldía, medidas jurídico-legislativas de respuesta. A la vez, el Gobierno tiene que ejercer la política, alta política. Ha de ofrecer salidas dentro de la Ley. Ha de dirigirse a esa masa de compatriotas catalanes que, arrastrados por los mensajes populistas y falaces de sus élites irresponsables y mendaces, se han alineado con el separatismo creyendo que los burros vuelan y que Cataluña entraría en no sabemos qué paraíso terrenal.

Por eso, el tiempo que iniciamos, el tiempo posterior a la pesadilla del 27-S, es el tiempo en el que el Gobierno ha de jugar fuerte y embridar la fiera separatista. Con la palabra pero también aplicando los efectos subsiguientes de las leyes vulneradas, la primera la Constitución. En el Estado de Derecho a nadie le puede salir gratis infringir el Ordenamiento jurídico.

Por eso, en los próximos meses, en los que, para mayor adversidad e inquietud, se agota la Legislatura que comenzó a fines del 2011 y se teme un nuevo Gobierno en minoría relativa, sea de signo conservador o de izquierda, la vida política española va a ser un banco de pruebas de la resistencia de las instituciones democráticas españolas y de la firmeza del Gobierno en la defensa de la legalidad constitucional. Un banco de pruebas en que se va a demostrar la resistencia del Estado y el cumplimiento de los deberes del Gobierno que no son otros que la defensa del Estado. Algo común a todos los países de nuestra cultura jurídica. Algo previsto en nuestra Ley de Leyes y que se conoce en el constitucionalismo comparado con el nombre de coerción federal, la respuesta adecuada a la falta de lealtad constitucional.

A estas alturas de soportar tanta deslealtad constitucional del nacionalismo excluyente, no cabe duda que es hora de comenzar a pensar en exigir responsabilidades a los trileros de la política.

Esperemos también que los jueces estén a la altura de las circunstancias y sean ciegos aplicadores de la Ley. Gobierno y jueces son la respuesta del Estado de Derecho. El Estado debe superar las pruebas de resistencia a las que los separatistas le están sometiendo.    

Está en juego la supervivencia de España tal como la conocemos desde la Edad Moderna. Para evitar el uso de aquél mecanismo coercitivo basta con actuar con lealtad, como afirma A. Arroyo Gil.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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