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¿Cuenta atrás?

“La Ley debe ser ciegamente respetada y libremente discutida”

(Gumersindo de Azcárate).

BRU01 BRUSELAS (BÉLGICA), 24/01/2017.- El presidente, Carles Puigdemont (i), y el conseller de Exteriores, Raül Romeva (d), durante la conferencia que han ofrecido en las instalaciones del Parlamento Europeo para explicar sus planes para convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña en Bruselas, Bélgica, hoy 24 de enero de 2017. EFE/Stephanie Lecocq

Puigdemont y Romeva en el Parlamento Europeo. EFE/Stephanie Lecocq

Las cosas en Cataluña no mejoran. Y no nos referimos a la temperatura física ni a la climatología. Aludimos a la pesadilla separatista, al “procés” soberanista. En los últimos días las circunstancias que rodean este afán rupturista, no sólo ilegal sino abiertamente anticonstitucional, han creado un clima tenso, inquietante y desesperanzador. Las relaciones entre el Gobierno catalán, dominado por secesionistas, y el Gobierno del Estado, se sitúan en un terreno realmente preocupante que no anuncia nada bueno, a menos que cambie la política de la “Generalitat”, altamente improbable, o suceda un milagro.

Son muchas y muy variadas las opiniones que se tienen y se oyen sobre el particular. Hay quienes son partidarios de dejar hacer. Otros, piensan que el Gobierno del Estado debe empezar a tomar medidas y decisiones que, de alguna manera, yugulen y paren la deriva secesionista. Y muchos no saben qué decir. Lo cierto es que los partidos que en coalición gobiernan hoy en Cataluña, con el imprescindible apoyo de los antisistema, ácratas y ‘okupas’ (¡vaya compañeros de viaje!) están acelerando los pasos para llegar a la que llaman la ‘desconexión’ con España, como si este país fuera extranjero para ellos.

Ante la amenaza de convocar un referéndum para ejercer lo que ellos creen, y llaman, el “derecho a decidir” (que no existe ni es constitucional pues una parte del pueblo no puede decidir por todo un Estado), el tiempo se agota y la paciencia también. El señor Rajoy parece que ya empieza a considerar que hay que pasar al segundo acto, a la aplicación de las medidas legales y jurídicas que el ordenamiento jurídico español contempla para casos extraordinarios, como los que se están desarrollando del Ebro a los Pirineos. Un clima turbio domina no sólo el tablero internacional, a causa de los sustos que da Trump, sino también es tensa y preocupante la escena hispánica, en donde las declaraciones, mensajes y advertencias de las autoridades estatales han subido de tono.

Recuerdo que, no hace más de cinco años, los que decíamos que no nos gustaban los comportamientos ni conductas de los nacionalistas excluyentes éramos tomados por exagerados o alarmistas cuando no catastrofistas. La mayoría de los opinantes decían que de suyo “el asunto se desinflaría”, que intervenir o tomar alguna medida disuasoria o represiva sería contraproducente. A esta hora creo que se habrán convencido de que ya no sirven contemplaciones ni paños calientes; que la simiente sembrada por Jordi Pujol desde 1980 para crear sus conocidas ‘estructuras de Estado’ está empezando a dar sus frutos con el riesgo real de ruptura.

Se les ha dicho a los líderes del “procés” separatista por activa y por pasiva que no existe el eufemístico ‘derecho a decidir’; que Cataluña no es una colonia ni es tierra sojuzgada (casos en los que sí tendría fundamento). Se les ha argumentado que la Constitución vigente (CE)  proclama que el soberano es el entero pueblo español y no una parte de él; que no deben encaminar sus pasos en contra del Ordenamiento jurídico; que son afirmaciones absolutamente falaces que “Espanya ens roba” y que a los catalanes no se les quiere; que no hay democracia sin respeto a la ley; y que aquélla no se reduce a, ni es sólo, poner una urna encima de una mesa, sino que el proceso democrático requiere un escrupuloso cumplimiento de la legalidad, mucho más cuando ésta nace de un Estado de Derecho, como es nuestro caso. No quieren más que la ruptura, sin importarles los muy negativos efectos que tendría para todos, los catalanes y los demás pobladores de la piel de toro.

Las últimas declaraciones de las autoridades estatales nos indican que hay un cambio y se va a abandonar el apaciguamiento, táctica que ha fracasado. La realización del aquel 9-N, por más ilegal que fuera, ha puesto en guardia esta vez a La Moncloa y ya suena la probable aplicación del artículo 155, la defensa coactiva y jurídica del Estado ante la sediciosa deslealtad que se vive en Cataluña. El carácter abierto e indeterminado de este precepto y la carencia de jurisprudencia constitucional ante la inexistencia de ningún caso real (ahora se podría producir), aconsejan una interpretación restrictiva, no traumática, pues no hay que olvidar que uno de los principios que consagra la CE es la autonomía territorial, si bien es cierto que, a continuación, se señala la solidaridad interterritorial.

Sea como fuere, entramos en un tiempo de descuento, en una cuenta atrás en que, de seguir los líderes extremistas por el camino de la secesión estaría justificado que el Gobierno adoptara gradualmente las medidas que en defensa del pueblo español contempla nuestro ordenamiento jurídico-constitucional.

Recordemos aquello de “Fiat iustitia, pereat mundus!”.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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