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Crónica de una sedición anunciada

BjfrxBlIIAACVUDHe repasado, aunque no exhaustivamente, algunos artículos de opinión que IDEAL ha tenido a bien publicarme en los últimos años y encuentro un buen número de ellos dedicados a reflexionar y advertir sobre el ‘iter’ separatista catalán.

No quiero presumir de profeta, pero confieso que a mí no me sorprendido ni asombrado la determinación y el alcance, absolutamente grave, al que se ha llegado con la propuesta de resolución secesionista presentada el pasado 27 de Octubre en el ‘Parlament’ de Cataluña y acordada el 9 de Noviembre.

Es así que nos encontramos con títulos como “La tragedia del 155” (Ideal, 5.4.12), “Catalunya, 1; España, 1” (11.5.12), “Deslealtad a la Transición” (23.10.12), “Una crítica hora de España” (6.11.12), “Barcelona, ¿capital de España?” (21.11.12) o “El desafío está servido” (10.1.13). Hay más, pero no quiero cansar al lector aumentando la lista.

Por eso el título de esta nueva tribuna explicita dos cosas: que existe un relato histórico, un ‘continuum’ de lo que hoy nos encontramos los españoles (un golpe de Estado a la democracia y a la Constitución) y, en segundo lugar, que lo que en el presente se está fraguando en las instituciones del autogobierno catalán obedece a un plan premeditado, alentado, por una parte, por partidos y entidades secesionistas, y, de otra, debido a la ambigüedad y silencio de otros. La parsimonia del Gobierno Rajoy, que algunos califican mejor de prudencia, tampoco ha ayudado a desactivar a tiempo la gravedad de la deriva insurgente.

El caso es que nos encontramos con un acuerdo parlamentario de la Cámara catalana que constituye un acto muy grave contra diversos valores y principios: contra el gran pacto de la Transición; contra la Constitución; contra la democracia, pues viola flagrantemente el Ordenamiento jurídico; un acto que priva al sujeto titular de la soberanía (los españoles) del ejercicio de su derecho político; un acto que, de ejecutarse, quebraría la indisoluble unidad de la nación española, rompería el Estado y tendría colosales efectos perjudiciales para todos, catalanes y demás españoles. Tampoco se olvide que, desde el punto de vista económico y en números redondos, la economía catalana supone para la española el veinte por ciento de su PIB.

No podemos decir que el plan secesionista, que la hoja de ruta rebelde no se conocía. Desde la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló parte del malhadado ‘Estatut’ (28.6.10), el nacionalismo no ha hecho otra cosa que trazar (y cumplir) un plan independentista, aun violentando la legalidad y usurpando el voto y la soberanía nacional que pertenece, como sabemos, a todos los españoles. 

Se ha perdido mucho terreno y mucho tiempo en no atajar ese desviado camino cuando las fuerzas nacionalistas extremas y los conversos llevaban tiempo desatendiendo el interés general de los catalanes, perjudicando el interés general de España y dedicando sus esfuerzos y recursos económicos públicos a “fer país”, en los tiempos de Pujol, o a “fer Estat”, en los de Mas.

En efecto es incomprensible que se haya tolerado la creación de tantos y tan significativos órganos independentistas (como la “Comissió Jurídica Assessora”, la “Comissió per a la Transició nacional”,…), se haya dejado de impugnar actos administrativos que han asignado competencias y medios económicos, presupuestarios y financieros sin ser impugnados en vía contencioso-administrativa por la Delegación del Gobierno o por éste desde la capital del Estado. También ha debido recurrirse la creación de asociaciones privadas o de entes públicos con fines separatistas y, sin embargo, no ha sido así. ¿Quizá se creía que no se iba a llegar tan lejos? ¿Pensó el Gobierno que la situación no alcanzaría la gravedad actual? ¿Se quería no provocar ni enfadar a los insurrectos?

Estamos en la hora de la reacción del Estado. Sabemos que al nacionalismo excluyente no se le convence, se le vence. Los medios, instrumentos e instituciones del Estado de Derecho en su defensa son numerosos y vigorosos. Con determinación y voluntad política la espada del Estado de Derecho es, sin duda, vencedora. Pero, a la vez, resulta a mi juicio necesario que, una vez torcida por la Ley la voluntad de los sediciosos, la unidad de los constitucionalistas se ponga como meta insoslayable recuperar a la población de españoles catalanes que han apoyado la opción independentista.

Antes de que el nacionalismo se estrelle contra el muro del Estado de Derecho será difícil que atienda razones, si es capaz de ello. Pero una vez que, con prudencia, gradualidad y firmeza se encauce la situación, habrá que volver a la metodología de la Transición de 1978: pacto, transacción y consenso. Ninguna solución será unilateral.

Ojalá que acabe pronto este golpismo sin tricornios.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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