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Cómo seleccionar a los funcionarios públicos

Oposiciones a funcionarios. Foto: elpais.com

Oposiciones a funcionarios. Foto: elpais.com

La leyenda negra suele estigmatizar a los empleados públicos, por aquello de  personalizar sus quejas frente a los trámites burocráticos, olvidando que las formas, procedimientos, requisitos y gravámenes los establece el legislador y el empleado público es un simple mensajero” (José Ramón Chaves, 2017).

Que cualquier ciudadano pueda acceder a la función pública fue un logro de la Revolución francesa a fines del  siglo XIX. Con anterioridad, los cargos públicos eran dignidades cuyo nombramiento dependía de la voluntad  del monarca o gobernante. Reinaba en esta materia el puro arbitrio de la Autoridad. Incluso los empleos podían ser adquiridos venalmente, y hasta heredados.

Para terminar con este estado de cosas y conseguir que los empleados públicos constituyeran un colectivo neutro, profesional, inamovible, y sólo dependieran de la Ley en garantía de los intereses públicos, la Declaración  de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789   prescribió en su artículo 6º: “Todos los ciudadanos […] son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos”. Se instauraba, pues, un revolucionario sistema de ingreso en la función pública, entendida como “el conjunto de hombres a disposición del Estado que tienen a su cargo las funciones y servicios públicos” (R. Parada), sistema fundado en la igualdad y el mérito individual, principios rectores, básicos y permanentes en la función pública, que han llegado a integrarse en el sistema español de selección funcionarial a través de las sucesivas regulaciones jurídicas, hasta aparecer consagrados en los artículos 23 y 103 de la Constitución (CE).

La explicación de que la Ley rija esta materia -bajo los aludidos principios de igualdad, mérito y capacidad-    estriba en la enorme importancia que tiene la figura del funcionario o empleado público. Se trata, en efecto, de una legión de individuos encargados de ejecutar funciones públicas; de prestar los servicios públicos; y de cumplir y hacer cumplir las previsiones de la Ley y los Reglamentos. Son retribuidos con cargo al presupuesto público (nutrido por los ciudadanos vía impuestos) y asumen con carácter profesional (la carrera administrativa) su papel de agentes de las Administraciones públicas.

Siendo un colectivo imprescindible en la gestión administrativa, resulta de capital importancia saber cómo han de ser seleccionados, una vez lograda la conquista de que su ‘status’ dependa únicamente de la Ley. No es cuestión baladí la selección de los funcionarios públicos. El problema radica en cómo seleccionamos a los mejores para la función pública.

Es indudable que todos estamos interesados en que, tras un proceso selectivo, resulten elegidos los mejores, los que estén más preparados y capacitados, y exhiban un excelente ‘curriculum’ para el delicado desempeño de su crucial misión en el seno de las Administraciones públicas.

Mucho se ha escrito y discutido sobre la selección del funcionario público, tratando de encontrar el mejor método, como mucho preocupa también la formación de los funcionarios.

El vigente Estatuto del Empleado Público (RDLEG  5/2015) demuestra preocupación por la selección al prescribir que haya “pruebas para comprobar los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita” (61.2) y que se completen “con la superación de cursos, de prácticas, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas” (62.5).

Por lo que se refiere a la realización de las pruebas objetivas, es aquí donde reside una de las claves de bóveda para una buena selección del personal. El Estatuto citado se decanta preferentemente, con buen criterio, por el sistema selectivo de la oposición libre, “para determinar la capacidad de los aspirantes” (62.6). Mas la gran pregunta subsiguiente es esta: ¿qué pruebas deben proponerse?

En este importante punto sufrimos una evolución en los últimos lustros que, lejos de aplaudir, debemos censurar. Hay quienes sostienen que la oposición ni es suficiente ni asegura la selección de buenos funcionarios. Influidos por los principios y técnicas de la Ciencia de la Administración (visión no jurídica del fenómeno administrativo, como si fuera una empresa privada), han defendido, y logrado implantar, una concreta prueba que consideran un triunfo, al ser, dicen, anti memorística. Frente a los consagrados -y certeros- tres ejercicios (el primero, redactar un tema general; el segundo, defender temas orales del programa, y el tercero, resolver un caso práctico con manejo de las técnicas apropiadas o la legislación), hoy se ha generalizado substituir los ejercicios orales por escritos (“la ele con la a, la”) y, en particular, exigir un ejercicio-criba importado del mundo anglosajón, el llamado “tipo test” (cuestionario de preguntas con respuesta alternativa), procedimiento que, a mi juicio, no determina la selección del aspirante mejor formado. Es, más bien, una prueba aleatoria e injusta.

Puedo ofrecer la experiencia del caso de un opositor con tres carreras universitarias, cuatro idiomas extranjeros y el programa dominado, que nunca superó el primer ejercicio de ingreso en la Escuela Diplomática, el famoso “test”.

Volver al sistema clásico (tema general, orales y práctico), con un curso selectivo posterior, garantiza la mejor selección.

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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