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¡Ay, Carmena!

La gestión de algunas instituciones públicas por la corte podemita, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, está dando sus frutos. La familia antisistema procura aplicar su desatinado programa y sus políticas sectarias. Ello se traduce en que vienen adoptando ciertas  medidas y ocurrencias que, si no fuera por la gravedad de sus efectos para los ciudadanos, podrían engrosar la lista de simples extravagancias esperpénticas. De todas maneras, el hecho de que ya (des)gobiernen, como digo, en algunas Administraciones públicas -gracias a oportunos apoyos socialistas- permite intuir lo que nos esperaría si tomaran posesión del Gobierno del Estado. El exilio estaría aconsejado.

En este sentido, se ha conocido ahora el “Programa de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la Convivencia” debatido en la Corporación municipal de Madrid, que preside la inefable jurista Manuela Carmena,  siempre en  medio de todos los desaguisados políticos de la Villa y Corte.

Ese “Programa” defiende que la protección y gestión de la seguridad ciudadana de los madrileños pase de la competencia de las autoridades administrativas y judiciales -consagradas en las Leyes y con tasados procedimientos en ellas previstos- a la incumbencia directa de los vecinos, organizados en “Jurados vecinales” (mesa de encuentro de víctimas y delincuentes); el “Gestor de barrio” (coordinador nombrado por el Ayuntamiento, del que dependerán los agentes de la Policía local); la  “Unidad de Policía Comunitaria” (agentes voluntarios con labores de mediación); los “Círculos de Custodia ciudadana” (encargados de evitar suciedad y ruido) y, finalmente, el “Servicio Comunitario de Seguridad y Justicia” (tratará a vecinos, víctimas e infractores con técnicas psicosociales preventivas). Todos estos órganos de nueva creación, y de terminología de fuerte sesgo ideológico, serían los encargados de asumir las competencias en materia de protección de la seguridad y el orden público del municipio de Madrid, modelo susceptible de ser extendido allí donde gobernara la nebulosa podemita.

No es preciso ser un experto ni un lince para descubrir que la puesta en vigor de este plan -concreción de una ideología determinada y de su consecuente política normativa- supone que las actuales autoridades y sus agentes pierden sus competencias atribuidas por la legislación vigente (Constitución; Código Penal; L.O. 4/2015, de 30 de marzo; Ley de Enjuiciamiento Criminal; Legislación local…) en favor de la “gente”. El “modelo Carmena” de Seguridad ciudadana sustituye y altera alarmantemente las competencias que el Derecho administrativo vigente atribuye a las autoridades en la referida materia.

El sistema se entrega, pues, al puro arbitrismo: todo dependerá del concejal del distrito o barrio y del edil de Seguridad, desconociéndose cómo se elige a los “Gestores” o a los miembros del “Jurado vecinal”. El “modelo Carmena” es un fiel trasunto resucitado de viejos sistemas autoritarios o dictatoriales. Pretende incorporar los modelos tipo nazi, soviético, bolivariano o castrista. Recuerda la figura de los “responsables de escalera”, mezcla de alcahuetes, comisarios políticos, soplones y chivatos del “régimen”.

Como se ve, son figuras político-policiales propias de regímenes populistas de izquierda, que introducirían lo peor y más rancio de los sistemas autoritarios que han sido en Europa o que, por desgracia, aún perviven en las latitudes latinoamericanas. Modelo rechazable a la vista del sistema español vigente, respetuoso con los derechos, libertades y privacidad del ciudadano, al que ya se le reconocen las máximas garantías jurídicas y judiciales ante la actuación de las autoridades competentes del ramo.

El equipo de Carmena cree estar legitimado para alterar competencias y contravenir la legislación estatal, y esto no es así, como, sin duda, los servicios jurídicos del Ayuntamiento y su Secretario General a la cabeza le habrá informado. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado. Las autoridades competentes son las propias del Ministerio del Interior. “Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública” (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo), pero no pueden atribuirse otras competencias que la escueta participación. El “modelo Carmena” se inspira en uno bien distinto al del Estado democrático de Derecho en el que está basado el español.

A la vista de ello, por separarse el anunciado “Programa” podemita de Seguridad ciudadana del municipio de Madrid de los principios, criterios y competencias previstos en normas estatales de rango superior, a buen seguro que el Ministerio del Interior dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que interponga las acciones correspondientes e impugne en vía contencioso-administrativa tan osado como revolucionario plan, que cita y sienta en la misma mesa al delincuente o infractor, a las víctimas de sus fechorías y a los simples vecinos, a los que se les endosa una carga que no les corresponde soportar, sino a la autoridad competente que, ladinamente, pretende echar sobre los hombros de éstos.

¡Ay, Carmena!

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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