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Alcalá-Zamora y el problema catalán

España no tiene más salvación que dentro de la República, y la República dentro del Derecho, del respeto escrupuloso a las normas, empezando por las constitucionales” (Niceto Alcalá-Zamora, Teatro Calderón. Valladolid, 23 septiembre 1934).

Niceto Alcalá-Zamora

Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba,  1877-Buenos Aires, 1949) es una de las personalidades   más relevantes de la Segunda República. Según uno de sus biógrafos, Julio Gil Pecharromán, fue “un hombre de criterio moderado y  rectitud de espíritu, que trabajó para modernizar los hábitos políticos de sus compatriotas y que se estrelló contra un muro de incomprensiones y de egoísmos cainitas.” (‘Niceto Alcalá-Zamora. Un liberal en la encrucijada’, Edit. Síntesis, Madrid, 2005, pág. 10).
Alcalá-Zamora desempeñó muchas tareas: doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo, letrado del Consejo de Estado, abogado, diputado en Cortes, ministro, presidente del Gobierno, jefe del Estado español y…   exiliado hasta su muerte. Una primera intervención en las Cortes en 1906 lo consagró como orador, al intervenir sobre el proyecto de Ley de Mancomunidades, para gestionar servicios de las cuatro Diputaciones provinciales catalanas.
Alcalá-Zamora discrepó de ese proyecto, pues lo consideró fruto del regionalismo, que “tendía a destruir los mecanismos de solidaridad entre los ciudadanos, a establecer diferencias entre ellos y, por tanto, a ejercer un efecto centrífugo en la cohesión nacional” (Ob. citada, pág. 69). Anticipándose a la evolución del actual Estado autonómico, afirmó que “con el proyecto se lograría fomentar los particularismos reaccionarios y la insolidaridad entre las diversas regiones españolas” (Ibídem, pág. 70). Sin embargo, un Gabinete presidido por Eduardo Dato, para atraerse al catalanismo conservador, autorizó en 1914 la creación de la Mancomunidad de Cataluña, “para fines exclusivamente administrativos”.
Así comenzó hace un siglo la batalla del catalanismo por dotarse de estructuras político-administrativas propias que supusieran un régimen de autogobierno. Pero ahí no paró el catalanismo. En abril de 1916 Cambó, líder de la “Lliga Regionalista”, exigió a Romanones que el idioma catalán fuera oficial y que se encomendara “a una Asamblea y a un Poder ejecutivo catalán la regulación y administración de su vida interior” (Íd., pág. 82). Como afirma el biógrafo, “con ello, los regionalistas daban por superada la etapa administrativa de la Mancomunidad y pasaban a exigir la plena autonomía política para Cataluña”.
En este punto Alcalá-Zamora rebate a Cambó un habilísimo sofisma del líder conservador catalán: el “derecho a la autonomía” catalana a partir del reconocimiento de un “hecho nacional” propio. Don Niceto admitía la diversidad catalana, pero negaba que Cataluña fuera una nacionalidad, y sí una “región vigorosa”. Y dirigiéndose al señor Cambó, dijo: “Yo admiraré siempre aquel federalismo constructivo que aproxima a los que están separados; yo renegaré siempre de aquel federalismo destructivo que disocia a los que están juntos”.
Más adelante, el 13 de noviembre de 1918, se presentó en el Congreso una proposición de Ley para otorgar autonomía “integral” a Cataluña. La perspicacia de Alcalá-Zamora vio en ella un propósito imperialista -que recuerda la pretensión que hoy tienen el soberanismo catalán y ciertas izquierdas nacionalistas gobernantes en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares- de crear los “Països catalans”. La reacción del prieguense fue certera: “¿Por qué con esa ansia de expansión, con ese imperialismo sin disfraz […] atacáis a Aragón, que durante siglos convivió con Cataluña, y con ello dañáis a Valencia, con su personalidad propia, que no es una creación exclusiva del espíritu catalán, sino la hija espiritual de la acción aragonesa y catalana? […] ¿Por qué el asedio a Baleares, matando la base más firme de una autonomía insular con una vigilancia directa que supone mermas en aquella autonomía basada en la distancia? […]”.
Por los argumentos transcritos se deduce que ya se debatían entonces los que pueden considerarse precedentes de nuestro tiempo. En 1919 se planteó, por la ‘Federació Democrática Nacionalista’ de Macià, que Cataluña dispusiera de un Estatuto de Autonomía, proyecto interrumpido al disolver Maura el Parlamento.
Más tarde llegó el Pacto de San Sebastián (17.8.1930). Para asegurarse el concurso de los nacionalistas catalanes, los firmantes aceptaron que la futura República reconocería personalidad diferenciada a Cataluña, mediante un Estatuto político que fue redactado y aprobado en Nuria, en 1931, aunque la República no lo discutió, enmendó y aprobó hasta 1932.
Alcalá-Zamora experimentó a lo largo de su trayectoria pública una doble evolución. Primeramente transitó del monarquismo liberal a un republicanismo reflexivo y vocacional: para mejor lograr la meta de justicia que anhelaba para su patria. Y, en segundo lugar, pasó de ser un encendido defensor de la unidad de España a creer que una descentralización respetuosa con esa unidad política era la mejor fórmula para preservarla. Ese fue su discurso del 28 de Septiembre de 1930 en la Plaza de Toros de Madrid: el catalanismo podría resolverse “en una efusión interna de abrazos de todos los pueblos de España”, como años más tarde Julián Marías sostendría.
Hoy nos encontramos ante otra batalla del nacionalismo catalán, que entiende superado el modelo autonómico de la Constitución de 1978. Empero con la particularidad de que hoy actúa contra el Ordenamiento constitucional e internacional.
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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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