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¿Al Capone en Barcelona?

 al-capone-en-barcelona     Por más que se repiten una y otra vez los mismos acontecimientos, si bien que con ligeras variantes: manifestaciones, declaraciones, escritos, etc., a favor del derecho de autodeterminación, del derecho a decidir, o de un referéndum unilateral o pactado; no deja de ser sorprendente lo que sucede en Cataluña, leamos la prensa de Madrid o la de Barcelona, pues los hechos son espeluznantes, al menos si creemos que vivimos en un Estado de Derecho, esto es, un Estado en el que la ley se cumple, y tanto más cuanto esa ley ha emanado de la representación de la soberanía popular, lo que quiere decir que es una ley legítima por democrática.

      Hace sólo unos días que el Tribunal Constitucional dictó una providencia en la que tenía por recibido el escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia presentado por el abogado del Estado en nombre del Gobierno, un escrito en el que se afirmaba que algunos apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña de 6 de octubre de 2016 contravenían nada menos que una sentencia, dos autos y una providencia del Tribunal Constitucional, lo que muestra presuntamente un incumplimiento muy amplio de sus resoluciones.

      Hace aún menos tiempo aparecía en La Vanguardia, el 24 de diciembre, toda una relación de disposiciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña, las correspondientes declaraciones de su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, así como las distintas querellas presentadas por la Fiscalía, de las que llegamos a contar, sin prestar demasiada atención, tres. Tres querellas presentadas contra algunas de las autoridades de Cataluña, por desobediencia y prevaricación la primera, y por desobediencia las otras dos. Las querellas afectan al anterior Presidente de la Generalitat, a algunos de sus consejeros, a la Presidenta del Parlamento y a algunos de los parlamentarios.

     Por más que lo intentamos, no conseguimos entender cómo hemos llegado a una situación como la que queda esbozada por medio de lo que hemos transcrito más arriba. Si las autoridades se saltan presuntamente la ley y parece que así ha sucedido de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional; si las autoridades no reconvienen su actitud según lo dispuesto por ese mismo Tribunal; si esto lleva necesariamente en un Estado de Derecho a que la Fiscalía intervenga y presente querellas por conductas presuntamente delictivas, de las que podrían derivarse que algunas de esas autoridades fueran condenadas y, por tanto, calificadas como delincuentes, y si finalmente y dada la lógica del proceso, éstas se consideran como mártires, auténticos demócratas y valedores de los deseos del pueblo catalán; si todo esto sucediera, no sería nada extraño que empezásemos a pensar en las bondades de saltarse la ley.

       Si Al Capone levantase la cabeza, estamos seguros de que trasladaría su imperio del crimen a Barcelona, no creemos que pudiera encontrar en el mundo civilizado un lugar mejor para sus negocios al margen de la ley. Es cierto que tendría que reconvertirlos, pues no tendría ningún sentido que siguiera traficando con alcohol, aunque lo de dejar de pagar impuestos mantendría plena vigencia; seguro que encontraría nichos de trabajo delictivo sin demasiada dificultad. Estamos convencidos de que nunca  se habría podido imaginar, y eso que vivió en el Chicago de los años veinte, a las autoridades de Illinois poniendo en solfa a la justicia federal y mucho menos que el Congreso del Estado aprobara resoluciones contrarias al orden establecido. Que más habría querido Al Capone que esto sucediera, pues habría constituido la mejor cobertura para sus trapacerías. Por eso creemos que si viviera, trasladaría sus operaciones ilegales a Barcelona. No habría ningún otro espacio en el que se permitiera, en la confusión de sus autoridades, que sus negocios fructificasen.

      De ahí que no encontremos ninguna razón que pueda justificar este desatino. Esta manera de argumentar supone entender, primero, que la democracia se encuentra por encima de la ley y no sujeta a la misma, por lo que la voluntad del pueblo expresa la ley sin someterse a ella y, segundo, que el derecho a decidir es el derecho a tomar la decisión que se estime oportuna. Esto es coherente con la primera premisa, ya que si la voluntad no tiene ningún límite, es claro que podrá adoptar cualquier decisión. La conclusión de esta manera de razonar es clara: todo lo precedente es expresión de nuestra libertad, es decir, somos libres y la libertad exige la ausencia de límites.

      El problema se encuentra en que tal manera de razonar es descabellada y se asienta sobre una confusión que es de fondo, porque en realidad no se sustenta sobre la libertad, sino sobre el arbitrio. Para que nuestros comportamientos pudieran considerarse libres habrían de ser racionales, por lo que tendrían que estar sometidos a una ley erigida sobre los principios de democracia y de los derechos y libertades individuales.

     Sólo si esta ley triunfara, finalmente, en las circunstancias en las que nos encontramos, Al Capone no querría viajar a la que en estos momentos más que la ciudad de los prodigios, se ha convertido en la de los despropósitos.

José J. Jiménez Sánchez, José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan Antonio Maldonado, José Luis Navarro, Ana Isabel Guijarro, Ramón Montahud, Juan Ignacio Cardenete, José Ramos Salguero y Alejandro Muñoz González.

Publicado en IDEAL de Granada el 8 de enero de 2017.

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