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A vueltas con la (des)memoria histórica

miliciano

Muerte de un miliciano. Robert Capa, 1936.

El parlamento andaluz ha iniciado la tramitación de una Ley de memoria histórica justo a los 80 años del inicio de la incivil contienda de 1936. Ante todo manifestamos nuestro profundo rechazo a aquel trágico desencuentro que lanzó a un compatriota contra otro. Proclamamos también el derecho indiscutible de los deudos a honrar a sus muertos. Y manifestamos nuestra repulsa a toda dictadura, que abate las libertades. Sin embargo creemos que la norma andaluza que se aprobará no inaugura ningún clima de concordia ni de reconciliación, pues ambas actitudes ya se practicaron con ocasión del gran pacto político de la Transición.

En consonancia con ese espíritu -con el que todos aprobamos la Constitución del consenso y se fundó un Estado democrático- los sucesivos gobiernos acordaron medidas, reconocimientos e indemnizaciones en favor de las víctimas, de todas ellas, pues los dos bandos, desgraciadamente, las causaron. Justamente la Transición vino a sellar la reconciliación entre los españoles y a asegurar un largo tiempo de paz y libertad.

Fue el Gobierno Zapatero quien removió las aguas con una prolija disposición estatal (Ley 52/2007) de talante parcial y partidista. Así lo reconoce un amplio número de articulistas, creadores de opinión y políticos de diversa ideología. En efecto, la crítica le ha sido adversa: se ha tachado de norma superflua, tendenciosa y extemporánea.

Esos mismos calificativos pueden aplicarse ahora a la Ley que la Junta pretende aprobar en la Asamblea andaluza. Efectivamente, es superflua porque con la Ley zapaterista ya se satisface toda petición que, sobre la materia, presente cualquier afectado. He aquí uno de tantos casos en el que se duplica el ejercicio de la potestad legislativa. Con la Ley del Gobierno Zapatero, de ámbito estatal, no es preciso que una Comunidad autónoma apruebe otra de la misma materia. Con razón el Estado de las Autonomías recibe críticas por propiciar la duplicación de órganos y normas.

La norma andaluza, como la del señor Zapatero, es tendenciosa. Previsiblemente será votada únicamente por el grupo socialista y, tal vez, por el podemista, que es comunista. Por tanto se trata de los sucesores actuales de uno de los dos bandos bélicos. Una ley aprobada por uno de los dos actores de la Guerra no es una norma ecuánime ni reconciliadora, ni, probablemente, justa. Por el contrario, aflorará un espíritu rencoroso, revanchista y justiciero. Tal proyecto transmite un mensaje y una filosofía según la cual víctimas sólo las hubo de un bando, el “bueno”; y el culpable sólo fue uno, el “malo”. Los autores de la norma no piensan que “condenan” y señalan con el dedo a la otra mitad de la población. Si Franco no hubiera tenido sólidos y amplios apoyos en la población española, no hubiera llegado su régimen a durar los 40 años que imperó en España.

Los inspiradores de esta norma y los diputados que la van a votar necesitarían tener frescas algunas afirmaciones que hizo el líder socialista Largo Caballero en la campaña para las elecciones de febrero de 1936, que trajeron la formación del Frente Popular: “Si triunfan las derechas […] tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros las realizamos”. “La clase trabajadora tiene que hacer la revolución. […]. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos a la calle […] que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas”. ¿Quién es víctima, y quién culpable?

Por último, la norma a aprobar es extemporánea. Hace 80 años que comenzó la Guerra civil y 77 de su finalización oficial. Fue la generación de nuestros abuelos la que no se entendió. Nosotros tenemos, afortunadamente, mejores instrumentos para la paz civil. Fruto de la reconciliación -y de la libertad que ejercimos- fue una valiosa Constitución, a pesar de lo que digan los paleocomunistas y anarquistas de hoy, insaciables en su iconoclastia política y querencia dominadora.

Voy a terminar este pequeño desahogo con dos citas. Una pertenece a Marcelino Camacho, cuando el 14 octubre 1977 proclamó en el Congreso: “Nosotros, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores […]”.

La otra es del inolvidable Adolfo Suárez, en 31 octubre 1978: “Quienes creemos que el lenguaje es supremo don de la Humanidad, vemos en este constante diálogo, que sustituye la contienda por el debate, que supera la discrepancia por el acuerdo, la más alta forma de vida política”. ¡Qué distinto talante el de ambos!

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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