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Así, no

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Dos recientes acontecimientos de la agitada vida política española -la denegación de la comisión de servicios a la juez Alaya, retirándola así del conocimiento de la instrucción del famoso caso de los ‘ERE’ falsos, y la presión política ejercida por las autoridades, consejeros y alcaldes del secesionismo catalán a las puertas del TSJC- nos dan la justa medida de la alta temperatura y de la gravedad de la situación a la que hemos llegado los españoles en el momento presente de la gobernación del Estado.

En efecto, nos hemos alejado del espíritu y de la letra de la Constitución y de los principios y valores del Estado democrático de Derecho. Nos hemos alejado de lo primero porque las autoridades de una Comunidad autónoma, Cataluña, están conculcando los preceptos de la Ley de Leyes que proclaman la unidad indisoluble de la nación española y la titularidad de la soberanía nacional, que corresponde a (todos) los españoles. Y nos estamos distanciando -por utilizar un término suave- de lo segundo porque con el aludido comportamiento de esos líderes se ataca a uno de los poderes del Estado, el Poder judicial, que es el garante de los derechos y libertades. Un poder democrático de un Estado democrático. Quien ignora o transgrede las atribuciones propias del Poder Judicial en una sociedad democrática se sitúa al margen de una concepción moral de la política y viene con su comportamiento a rechazar el liberalismo político. De conformidad con John Rawls, no se atiene al modelo de democracia constitucional o del régimen democrático (“El liberalismo político”, ‘Crítica’, 1996, pág. 41). Se trata de gobernantes que vulneran o desconocen los valores políticos de la democracia, algo muy grave en términos de ideales, principios y criterios liberales y democráticos. Por ello, se hace ineludible respetar la independencia judicial e impedir su perturbación.

En Andalucía no hay mejor balance ni mejor perspectiva para la Administración de Justicia. Al patente obstruccionismo y falta de medios que la magistrada Alaya ha tenido que sufrir durante la fase de instrucción del famoso e inconcluso caso se suma, en las últimas horas, el traumático y llamativo apartamiento de ella del mayor sumario conocido hasta le fecha sobre un monstruoso y sistémico caso de corrupción oficial en la Comunidad autónoma andaluza.

El relato histórico del asunto (adverado por las informaciones facilitadas por diversos MCS), sus avatares e incidencias, las tensas relaciones entre la Administración de la Junta y la anterior titular del Juzgado número 6 de Sevilla y de ésta con su sucesora, la reticencia de los imputados a colaborar con la Justicia, el ‘baile’ de los aforamientos, las presiones sindicalistas a las puertas del Juzgado y, por último, las peripecias y maniobras orquestales en torno a quién se hace cargo definitivamente de la instrucción del sumario, arrojan un saldo no edificante a la hora de hacerse una valoración sobre el comportamiento de autoridades, líderes y ciudadanos de un Estado de Derecho.

En efecto, ninguno de los citados actores en presencia parece haber comprendido bien cuál es su papel institucional en relación al principio de separación de poderes, de colaboración con la Justicia y cumplimiento de los fallos judiciales, y de cumplir y hacer cumplir las leyes (que es el principal deber del Gobierno).

No cabe duda de que, en esta situación de grave incumplimiento de los deberes constitucionales, de atropello de la ética pública y del comportamiento aberrante de los protagonistas en escena que comporta todo lo relatado, padece el sistema garantista del Estado de Derecho, se arruina la libertad política, se destroza la concordia y, por tanto, la convivencia. En esas estamos y lo denunciamos.

Para recuperar la sensatez y el equilibrio es menester que se cumpla el Ordenamiento jurídico y se haga cumplir. El hombre de la calle, atento y normal, no puede soportar un minuto más siendo atónito observador de tanto despropósito, de tanta iniquidad. En Cataluña y en Andalucía. La imagen de la Justicia se deteriora y disminuye la confianza y credulidad ciudadana en ella.

Va cundiendo la idea, cada día más extendida y reconocida, incluso por quienes han tenido responsabilidades de cargo político, de que “algo hemos hecho mal”.

Se precisa recuperar el pulso constitucional, la administración de los asuntos ordinarios y ajustar la conducta de dirigentes y partidos políticos a la Constitución, a su espíritu y letra. El ciudadano tiene que recuperar su fe y confianza en la ‘res publica’ y en su gobernanza.

De la manera como vamos, y remedando aquel famoso “no es esto, no es esto” del filósofo Ortega ante los desafueros de la II República, sólo podemos afirmar que, por el bien de todos, así, no.

 

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Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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